Miguel Tellado, secretario general del Partido Popular, demanda al PSOE la destitución de la militante que acompañaba a la esposa del presidente y que participó en el forcejeo con el activista.
El Partido Popular ha manifestado públicamente su apoyo al comunicador y activista Vito Quiles, luego de que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, presentase una denuncia ante la Policía Nacional por una supuesta agresión en un restaurante de Las Rozas (Madrid).
Desde la dirección del PP, Miguel Tellado, secretario general, ha cuestionado la validez de la denuncia y destacó que el verdadero perjudicado en el incidente fue Quiles: “El agredido es un periodista”, afirmó. Con estas declaraciones, el PP pone el foco en quienes acompañaban a la esposa del presidente y reclama al PSOE que destituya de inmediato a una coordinadora socialista de Torrelodones que, presuntamente, participó en el enfrentamiento con el activista.
Versiones opuestas
Los hechos tuvieron lugar el miércoles en el interior de un establecimiento en Madrid. Según fuentes de La Moncloa y del entorno de Begoña Gómez, Quiles abordó a la esposa del presidente de forma intimidatoria, bloqueando su salida, lo que llevó a que varias personas que la acompañaban intervinieran. Por este motivo, Gómez interpuso una denuncia por acoso e intimidación.
En contraste, Quiles niega completamente la versión de Gómez y ha anunciado que emprenderá acciones legales contra ella y sus acompañantes por “agresión, violencia y hostigamiento”. El activista asegura que su intención fue realizar preguntas periodísticas dentro del debate público y que él fue quien sufrió los golpes por parte del entorno de Gómez.
Reacciones políticas
Tras la postura mostrada por Miguel Tellado, Quiles agradeció su apoyo en redes sociales, resaltando que el dirigente popular ha aportado “un poco de sentido común” frente a lo que él califica como “exceso de dramatismo”.
Esta reacción del PP se produce en un contexto judicial complicado para Quiles, quien recientemente ha enfrentado varios procesos por delitos de injurias y calumnias, incluyendo una petición fiscal de hasta nueve años de prisión relacionada con acusaciones contra el secretario general de Facua, Rubén Sánchez.
Hasta ahora, el Gobierno y el PSOE han evitado calificar el incidente como una falla en la seguridad de la esposa del presidente, definiéndolo en cambio como un acto inaceptable de acoso y intimidación, incompatible con los valores democráticos.
