Juan Bravo sostiene que el interés superior del menor pasa por permanecer con su familia y reclama al Gobierno que cumpla con la normativa europea
El Partido Popular ha rechazado el traslado a la Península de unos 500 menores migrantes que permanecen en Ceuta y ha reclamado al Gobierno que priorice su retorno con sus familias. El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha defendido que «el interés superior del menor es estar con su familia» y ha cuestionado la decisión del Ejecutivo de iniciar el proceso de acogida.
Bravo ha recordado que tanto el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como el titular de Exteriores, José Manuel Albares, aseguraron durante sus visitas a Ceuta que los menores que habían entrado de forma irregular serían devueltos a sus lugares de origen.
«Si hay petición de Marruecos para que vuelvan los niños, si Europa ha dicho que vuelvan los niños y los no niños que han entrado de manera irregular, ¿qué más necesita el Gobierno?», ha planteado el dirigente popular.
Un traslado previsto para 500 menores
El Ministerio de Juventud e Infancia, dirigido por Sira Rego, ha informado de que trabaja en un dispositivo urgente para trasladar inicialmente a unos 500 menores desde Ceuta a recursos de acogida situados en la Península. El número podría aumentar durante el proceso.
La iniciativa forma parte de un plan de choque que contempla mecanismos de «acogida vinculante y solidaria» por parte de las comunidades autónomas, además de fórmulas de acogimiento familiar y otras alternativas destinadas a agilizar la atención de los menores.
El Ejecutivo también estudia que organizaciones especializadas en protección de la infancia puedan hacerse cargo de los perfiles más vulnerables, entre ellos las niñas, en recursos adaptados de la Península sin que sea necesario trasladar inicialmente la tutela a las comunidades autónomas.
El PP reclama aplicar la normativa europea
La decisión del Gobierno se produce en medio del debate sobre la aplicación de la normativa europea en materia de retorno de menores migrantes no acompañados.
La Comisión Europea ha señalado que la Directiva de Retorno permite la devolución de menores, siempre que previamente se compruebe que serán entregados a un familiar, un tutor o unas instalaciones de acogida adecuadas.
El portavoz comunitario de Asuntos Internos, Markus Lammer, ha reiterado que la expectativa de la Unión Europea es que las personas que permanezcan de forma irregular en Ceuta sean retornadas.
Desde el PP, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, han defendido igualmente la aplicación de la legislación europea y el retorno de los migrantes a Marruecos cuando se cumplan las condiciones legales.
Gamarra ha reclamado al Ejecutivo que cumpla la normativa comunitaria, mientras que Vivas ha criticado que se destinen recursos a levantar campamentos de acogida en lugar de reforzar los servicios encargados de gestionar la situación migratoria.
El PP anuncia nuevas reprobaciones en el Senado
La polémica por la gestión de la crisis migratoria también se trasladará al Senado. La portavoz del PP en la Cámara Alta, Alicia García, ha anunciado que su grupo promoverá la reprobación de los ministros Fernando Grande-Marlaska, José Manuel Albares y Margarita Robles, así como de las titulares de Sanidad e Igualdad, Mónica García y Ana Redondo.
Los populares reprochan a Marlaska la falta de refuerzo de la frontera de Ceuta pese a los avisos previos sobre la situación migratoria. En el caso de Albares, el PP cuestiona el papel desempeñado por Marruecos durante la crisis.
Respecto a Robles, los populares critican su decisión de no comparecer finalmente en el Senado después de haber mostrado inicialmente su disposición a hacerlo.
El PP también reclama responsabilidades a Ana Redondo por su ausencia de Ceuta y por la evolución de las denuncias por agresiones sexuales, mientras que acusa a Mónica García de no haber reforzado suficientemente los servicios sanitarios ante el incremento de la presión asistencial.
La formación popular mantiene así su oposición al traslado de menores a la Península y reclama al Gobierno que priorice las devoluciones que sean legalmente posibles y el reagrupamiento de los menores con sus familias.
