Madrid — Las acusaciones coordinadas por el Partido Popular han avanzado de manera significativa en la investigación del caso Plus Ultra. En un escrito dirigido al juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, se ha pedido formalmente la imputación de Alba y Laura Rodríguez, hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, por su posible participación en una red de influencias relacionada con la aerolínea.
Las acusaciones identifican indicios que podrían constituir tres delitos graves: blanqueo de capitales, falsedad y pertenencia a organización criminal. Según el escrito, ambas hermanas habrían recibido en conjunto 447.095 euros (247.191 y 199.904 euros, respectivamente) como administradoras de Whathefav, una empresa que el magistrado en la causa describe como el “centro de redistribución de fondos” dentro de la trama.
Extensión de la lista de investigados
La solicitud del conjunto de acusaciones, encabezado por el PP, va más allá de la familia del expresidente. Se reclama la investigación de más de una decena de personas, destacando entre ellas:
- José Luis Ábalos y Koldo García: El exministro de Transportes y su antiguo asesor (que se encuentra en prisión preventiva por el llamado ‘caso mascarillas’) habrían actuado como intermediarios entre la dirección de la aerolínea y las autoridades para asegurar un préstamo público de 53 millones de euros otorgado en 2021. Se les atribuyen presuntamente delitos de cohecho, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal.
- Altos cargos y gestores: Se solicita la imputación de José Ángel Partearroyo (exdirector de Participadas en la SEPI) y de Ramón Gordils, exalto diplomático venezolano identificado como el «mediador» que facilitó el vínculo entre Plus Ultra y el entorno de Zapatero.
- Testigos relevantes: Se ha pedido la citación como testigo del exsecretario de Estado de Transportes, Pedro Saura. Hay que señalar que el propio José Luis Rodríguez Zapatero está citado como investigado para declarar los días 17 y 18 de junio próximos.
El dato: Las acusaciones sospechan que la red empleó empresas pantalla como Inteligencia Prospectiva —relacionada con operaciones internacionales de petcoke y oro— y Softgestor, además de asesorías en Dubái para la constitución de sociedades offshore, presumiblemente bajo instrucciones de Zapatero.
Seguimiento de desplazamientos y supervisión de la SEPI
Dentro de las diligencias solicitadas, se exige un seguimiento riguroso de los movimientos del expresidente y su entorno:
- Registro de viajes: Se solicita recopilar todos los viajes internacionales realizados por Zapatero y sus hijas desde 2017 hasta la actualidad, poniendo especial atención a sus desplazamientos a Venezuela.
- Control de visitas oficiales: Se pide a Presidencia del Gobierno y al Ministerio de Transportes que faciliten el libro de visitas de octubre de 2020 a mayo de 2026 para verificar los accesos de Zapatero, accionistas de Plus Ultra y representantes del Gobierno venezolano.
- Supervisión de la ayuda estatal: Se insta a la SEPI a subsanar las «deficiencias» detectadas por la UDEF, justificando la existencia de «carpetas vacías» y archivos inaccesibles incluidos en los expedientes presentados anteriormente.
Ante el riesgo de un posible perjuicio patrimonial para el Estado, las acusaciones han anunciado que solicitarán medidas cautelares, incluyendo la imposición de una fianza solidaria a los investigados por el total de la deuda pendiente que mantiene Plus Ultra con el Estado.
