Este jueves, el Congreso de los Diputados inicia el debate sobre las enmiendas a la totalidad presentadas por PNV y Junts, quienes acusan al Ejecutivo de invadir competencias, mientras que el PP considera abstenerse debido a la ausencia de una evaluación económica.
MADRID. — La iniciativa legislativa que propone bajar significativamente el número de estudiantes por aula en Educación Primaria y Secundaria, además de disminuir la carga horaria docente en la enseñanza pública, comienza hoy su debate principal en el pleno del Congreso. La aprobación del texto depende aún del posicionamiento final del Partido Popular y se produce en un contexto de controversia sobre las competencias autonómicas.
En el pleno, se someten a votación las dos enmiendas a la totalidad presentadas de forma separada por PNV y Junts per Catalunya. Ambos partidos piden que se devuelva el proyecto al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, encabezado por Milagros Tolón. La reforma afecta a dos leyes educativas esenciales con el fin de establecer un máximo de 22 alumnos por clase en Primaria, en lugar de los 25 actuales, y de 25 en Secundaria frente a los 30 vigentes. Además, se prevé reducir la jornada laboral docente a un máximo de 23 horas semanales en Infantil, Primaria y Educación Especial, y de 18 horas en Secundaria y Bachillerato.
Conflicto competencial: Posturas de PNV y Junts
Aunque tanto PNV como Junts apoyan la mejora de las condiciones laborales y salariales del profesorado, justifican sus enmiendas a la totalidad basándose en una alegación de «invasión de competencias autonómicas» por parte del Gobierno central.
Junts señala que el proyecto infringe la autonomía financiera y busca imponer obligaciones a las comunidades autónomas «sin garantizar los recursos necesarios para su implementación», describiendo la propuesta como una «alteración profunda e inconstitucional».
Por su lado, el PNV rechaza el texto porque considera que establece «ratios rígidas y uniformes» para todo el país. Los nacionalistas vascos critican una orientación «homogenizadora que no reconoce la pluralidad educativa ni las particularidades territoriales». Además, denuncian la «falta de cooperación institucional real con Euskadi» durante la elaboración del proyecto, que es una comunidad autónoma con competencia en educación.
Posiciones parlamentarias y dudas en las comunidades del PP
A pesar de las críticas de sus aliados, se espera que las enmiendas a la totalidad sean rechazadas gracias al respaldo del bloque formado por PSOE, Sumar, ERC y EH Bildu. Se anticipa que el Gobierno superará este primer trámite con la abstención prevista del Partido Popular, que no ha presentado propuestas para devolver el texto y ha optado por facilitar el avance de la norma en esta etapa inicial.
Sin embargo, esta postura no significa un apoyo absoluto. Las comunidades autónomas gobernadas por el PP expresaron fuertes objeciones en la última reunión de la Conferencia Sectorial de Educación. La principal disputa proviene de la ausencia de un análisis detallado del impacto presupuestario que implicarán estas medidas a nivel regional, especialmente en lo relativo a la contratación de personal derivada de la reducción horaria docente.
Sindicatos expresan preocupación por los retrasos en la puesta en marcha
Tras superar este debate inicial, la tramitación seguirá con el análisis de las enmiendas parciales en el Congreso. El plazo para su presentación se ha prorrogado por tercera vez y fuentes parlamentarias indican que podría ampliarse hasta septiembre.
Este retraso ha generado inquietud en el sector educativo. La mayoría de los sindicatos de enseñanza pública no universitarias manifestaron a la Agencia EFE su preocupación por la imposibilidad práctica de que la mayor parte de la norma entre en vigor para el curso escolar 2026-2027. Una vez aprobado en el Congreso, el texto debe pasar al Senado, y las Cortes Generales concluyen su periodo ordinario de sesiones en junio.
A pesar de la ralentización legislativa, el calendario previsto en el proyecto contempla que, para el curso 2026-2027, se aplique la medida que contabiliza doble al alumnado con Necesidades Educativas Especiales (NEE) para el cálculo de ratios, junto con el inicio de la reducción de la jornada docente. En cambio, la reducción general del número de estudiantes por aula se irá implementando de forma gradual, con una aplicación completa prevista para el curso 2031-2032.
