El Ejecutivo plantea trasladar de forma urgente a medio millar de menores, mientras la Ciudad reclama garantías sobre las plazas disponibles y una coordinación clara
El traslado a la Península de 500 niñas migrantes no acompañadas que permanecen en Ceuta continúa sin desbloquearse. La medida, planteada por el Ministerio de Juventud e Infancia, pretende aliviar la situación de saturación que atraviesa el sistema de protección de la ciudad.
El enfrentamiento entre el Gobierno central y el Partido Popular está dificultando la puesta en marcha de esta solución. El Ejecutivo considera urgente sacar adelante el traslado, mientras que la parte popular reclama garantías concretas sobre las plazas de acogida disponibles.
Según la información publicada este sábado, la Ciudad de Ceuta todavía no ha autorizado el traslado, mientras el Ministerio sostiene que existen fórmulas para llevarlo a cabo mediante acuerdos con entidades sociales de la Península.
El Gobierno defiende la urgencia
El Ministerio de Juventud e Infancia lleva semanas trabajando en un plan para trasladar a unas 500 niñas que llegaron a Ceuta durante la entrada masiva del 30 y 31 de julio.
La propuesta fue presentada como una medida extraordinaria ante la situación de emergencia que atraviesa el sistema de protección de menores.
El Gobierno considera que estas niñas se encuentran en una situación especialmente vulnerable. Por ello, defiende que su traslado debe realizarse con la mayor rapidez posible.
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha defendido públicamente que el traslado de las menores es “imprescindible”.
Además, el Ministerio sostiene que la situación excepcional de Ceuta permite buscar vías alternativas al reparto ordinario entre comunidades autónomas.
El PP reclama garantías
Desde el Partido Popular se cuestiona la forma planteada por el Gobierno para realizar los traslados.
La principal reivindicación pasa por conocer con precisión dónde serán acogidas las menores y qué plazas están realmente disponibles.
La posición del PP también ha sido crítica con la política migratoria del Ejecutivo. Alberto Núñez Feijóo y Juan Vivas han reclamado que la prioridad sea recuperar el control de la situación en Ceuta y proceder a los retornos que sean legalmente posibles.
El PP sostiene además que el Gobierno no habría proporcionado inicialmente suficiente información a las comunidades autónomas sobre su propuesta.
Esta falta de coordinación ha terminado convirtiéndose en uno de los principales obstáculos para avanzar.
Ceuta continúa bajo una enorme presión
El bloqueo se produce mientras Ceuta sigue afrontando las consecuencias de la entrada masiva registrada a finales de julio.
El sistema de protección de menores permanece sometido a una presión extraordinaria. Las cifras manejadas por las distintas administraciones han llegado a situar en torno a 1.700 los menores atendidos en la ciudad.
La situación ha obligado a habilitar nuevos espacios y a reforzar los recursos destinados a la atención de los menores.
Además, el Gobierno central aprobó 25 millones de euros para reforzar la atención a los niños y niñas que llegaron a Ceuta durante la crisis.
Sin embargo, la financiación no ha resuelto el principal problema: la falta de capacidad suficiente para atender a todos los menores que permanecen en la ciudad.
Las ONG aparecen como posible vía de salida
Ante las dificultades para aplicar un reparto entre comunidades, el Gobierno ha planteado una alternativa basada en la colaboración con organizaciones sociales de la Península.
La propuesta permitiría trasladar a las 500 niñas a recursos gestionados por entidades especializadas. El objetivo sería descongestionar Ceuta sin tener que esperar a completar un nuevo mecanismo de reparto territorial.
Esta posibilidad se plantea mientras continúa el debate sobre cuál debe ser la solución definitiva para los menores que permanecen en la ciudad.
Un bloqueo con consecuencias políticas
El enfrentamiento por las 500 niñas se ha convertido también en un nuevo capítulo de la batalla política entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el Partido Popular por la gestión de la crisis de Ceuta.
Mientras el Ejecutivo acusa al PP de obstaculizar una respuesta urgente para los menores, los populares responsabilizan al Gobierno de la situación y reclaman mayor información y coordinación.
La disputa se produce, además, después de semanas de tensión política por la gestión de la entrada masiva de julio.
Para Ceuta, el problema continúa siendo eminentemente práctico: reducir la presión sobre los centros, garantizar una atención adecuada a los menores y recuperar progresivamente la normalidad en la ciudad.
Por ahora, el traslado de las 500 niñas continúa pendiente de un acuerdo que permita poner en marcha la operación.
