El Tribunal de Cuentas ha identificado irregularidades en la contratación de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que depende del Ministerio del Interior, y pone especial énfasis en el uso continuado de contratos menores para cubrir requerimientos que se repiten.
El organismo fiscalizador determina que, de los 95 expedientes de contratos menores revisados, al menos un 30% fueron gestionados de modo “inadecuado”, según un informe sobre la contratación del programa 133A de Centros e Instituciones Penitenciarias correspondientes a los años 2023 y 2024.
El Tribunal advierte que la utilización de esta modalidad cuando se deberían emplear procedimientos ordinarios puede afectar a los principios de publicidad, concurrencia y eficiencia que deben regir la contratación pública.
El 30% de los contratos menores revisados presentan irregularidades
El contrato menor es una modalidad legal prevista para ciertas adquisiciones y servicios de importe limitado, pero el Tribunal cuestiona la forma en que se aplicó en varios de los casos analizados.
De acuerdo con el informe, en ninguno de los contratos menores de suministros y servicios examinados constaba en la memoria justificativa la forma de cálculo del presupuesto.
Para los auditores, esta omisión impide verificar correctamente que no se haya alterado o fragmentado el objeto del contrato para mantenerlo por debajo de los límites que obligarían a emplear otros procedimientos.
Asimismo, el organismo encontró expedientes en los que las invitaciones a las empresas para presentar ofertas se efectuaron después del informe en el que el órgano contratante ya había justificado la necesidad del contrato.
El Tribunal indica que ciertas prácticas pueden usarse para evitar los procedimientos ordinarios y algunas de las exigencias establecidas en la legislación de contratación pública.
Contratos que no cumplían todos los requisitos
La auditoría también concluye que hubo contratos clasificados como menores que no cumplían todos los requisitos legales para esa modalidad.
En algunos ejemplos, la selección se justificaba principalmente por el importe, pero no quedaban demostradas otras condiciones necesarias.
Ante estas deficiencias, el Tribunal de Cuentas recomienda implementar medidas para fortalecer los controles y destaca la urgencia de hacerlo en el marco de las acciones antifraude y de prevención de la corrupción.
Estas observaciones evidencian fallos y riesgos en los procesos administrativos, aunque por sí solas no implican la existencia de delitos o prácticas corruptas específicas.
El Tribunal examinó 168 expedientes valorados en 123,8 millones
La revisión abarcó un total de 168 expedientes de contratación, con un valor conjunto de 123,8 millones de euros.
Dicha cifra representa cerca de un 45% del volumen económico dentro del ámbito inspeccionado por el Tribunal.
El análisis no se limitó a los contratos menores, sino que el organismo también identificó otras deficiencias vinculadas a la documentación, planificación, evaluación de ofertas y seguimiento posterior de los contratos.
Faltó documentación en casi la mitad de los expedientes
Otra crítica se relaciona con la información proporcionada por Instituciones Penitenciarias al Tribunal de Cuentas.
Según el informe, en casi la mitad de los expedientes no se remitieron de oficio todos los documentos que debían integrarse en el extracto correspondiente.
El organismo recomienda mejorar este proceso para asegurar que la fiscalización se efectúe con toda la documentación requerida.
El Tribunal señala la ausencia de planificación anual
Una de las problemáticas estructurales detectadas es la falta de una planificación eficaz de la contratación.
Instituciones Penitenciarias no habría publicado el aviso previo correspondiente a la programación de ciertos contratos sujetos a regulación armonizada ni acreditado una planificación anual suficiente, pese a lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público.
El Tribunal considera que esta carencia puede afectar la concurrencia empresarial y fomentar el uso excesivo de procedimientos excepcionales vinculados a situaciones de urgencia.
También advierte que una planificación deficiente incrementa el riesgo de fragmentación contractual, además de poder generar duplicidades, demoras y mayores costos.
Por ello, solicita a los órganos responsables que refuercen las acciones necesarias para programar con anticipación sus necesidades de contratación.
También cuestiona la valoración de algunas ofertas
El informe también llama la atención sobre algunos procesos en los que los criterios sometidos a juicios de valor tuvieron más peso que la propia oferta económica.
En tales casos, el Tribunal opina que la evaluación debería hacerse a cargo de un comité de expertos o de un organismo técnico especializado y externo a la entidad contratante, para garantizar la objetividad del proceso.
Dificultades en el control de la ejecución de los contratos
Las deficiencias persisten más allá de la adjudicación.
Según el Tribunal de Cuentas, en al menos un 20% de los contratos analizados, el control sobre la ejecución fue inexistente o se limitó solo a verificar la conformidad de las facturas.
El organismo considera insuficiente ese método cuando los pliegos técnicos establecen mecanismos específicos para supervisar que los servicios, suministros u obras contratados se realicen adecuadamente.
La normativa obliga a llevar a cabo dicho seguimiento, por lo que el Tribunal exige fortalecer también esta fase.
Interior frente a las recomendaciones del órgano fiscalizador
El informe muestra un contexto con deficiencias en varias etapas de la contratación gestionada por Instituciones Penitenciarias durante 2023 y 2024: desde la planificación y uso de contratos menores hasta la documentación y seguimiento de su ejecución.
El principal señalamiento se dirige a que ciertas necesidades recurrentes se gestionaron mediante contratos menores cuando, según los auditores, deberían haberse aplicado procedimientos ordinarios que garantizan más publicidad y concurrencia.
El Tribunal de Cuentas solicita ahora mejorar la planificación, justificar mejor los presupuestos, fortalecer los controles y minimizar el riesgo de prácticas que puedan eludir los requisitos establecidos en la contratación pública.
