El Tribunal Supremo ha ratificado la suspensión cautelar del derecho a voto de los ciudadanos nacionalizados bajo la llamada ‘ley de nietos’, tras identificar «irregularidades significativas» en el censo de españoles que residen en el extranjero (CERA). Esta suspensión se mantendrá para las elecciones del 29 de noviembre, dado que el tribunal considera que dichas irregularidades podrían influir en el resultado electoral.
En un auto de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, se destaca la importancia de respetar el mandato legal de la disposición adicional octava 1 de la ley de memoria democrática. Esta disposición protege el derecho al voto de los descendientes de españoles exiliados por motivos políticos, ideológicos, de creencias o por orientación e identidad sexual, siempre dentro de las condiciones y límites fijados por la legislación.
Irregularidades detectadas en el censo CERA
El tribunal ha identificado posibles irregularidades en la elaboración del CERA, especialmente respecto a la inclusión de personas que no han acreditado que sus antecesores fueran exiliados. Esto se vincula a una instrucción del Ministerio de Justicia del 25 de octubre de 2022, que permitía omitir dicha acreditación para migraciones ocurridas entre el 18 de julio de 1936 y diciembre de 1955.
De acuerdo con la Abogacía del Estado, solamente 901 de las 163.355 personas que obtuvieron la nacionalidad española mediante este procedimiento lograron demostrar la condición de exiliados de sus ascendientes. En el Consulado General de España en Buenos Aires, 17.775 ciudadanos adquirieron la nacionalidad sin que existiera expediente alguno con pruebas de exilio, conforme certificó el cónsul general.
Repercusiones en el proceso electoral
El auto del Tribunal Supremo señala que los nacionalizados por este mecanismo están distribuidos en todas las circunscripciones electorales del territorio de España. Esto genera un riesgo considerable de que su participación pueda comprometer la limpieza y transparencia del proceso electoral y afectar a los resultados de los comicios previstos para el 29 de noviembre.
El tribunal insiste en que el censo electoral debe incluir únicamente a quienes cumplen con los requisitos legales. El derecho al sufragio no es absoluto y está condicionado por la normativa electoral vigente. La Sala Tercera del Tribunal Supremo reafirma la importancia de garantizar un proceso electoral íntegro y conforme a la legislación, desde la elaboración del censo hasta el recuento final.
