El Tribunal Supremo ha requerido a la Abogacía del Estado, en representación del Ministerio del Interior, que en un plazo máximo de dos días informe si se ha realizado una revisión exhaustiva a los 61.603 dispositivos electrónicos destinados a la verificación de la identidad de los votantes mediante el DNI digital. Esta petición forma parte de un procedimiento contencioso-administrativo.
El Ministerio del Interior adjudicó, mediante un proceso de emergencia, un contrato a Telefónica Defensa y Seguridad por un importe de 7.000.455 euros para el arrendamiento de dichos dispositivos, que tienen como función validar los códigos QR generados por la aplicación MiDN.
Requisitos de seguridad en el proceso electoral
Antes de emitir un pronunciamiento sobre una medida cautelar solicitada por Iustitia Europa, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo adoptó esta resolución. Dicha formación política pretende que se levante la suspensión del portal MiDNI, subrayando la necesidad de garantizar por parte del Ministerio del Interior que todas las mesas electorales dispongan de dispositivos que permitan verificar la identidad de los votantes de manera adecuada.
Luis María Pardo, representante de Iustitia Europa, ha reclamado información relativa a la marca y modelo de los dispositivos, detalles sobre las pruebas realizadas y las garantías de seguridad que proporcionan. Pardo destaca la relevancia de la transparencia y la seguridad jurídica en cada una de las mesas electorales.
Recurso contra el sistema de identificación digital
Iustitia Europa promovió la impugnación del sistema de DNI digital ante el Tribunal Supremo, defendiendo la necesidad de fortalecer las garantías jurídicas y de seguridad en los procesos de identificación de los votantes. Esta iniciativa tuvo su inicio en agosto de 2026, cuando se solicitó a la Junta Electoral Central la supervisión de las condiciones y garantías asociadas al empleo de sistemas de identificación digital en procesos electorales.
En respuesta, la Junta Electoral Central requirió informes a diferentes organismos de la Administración General del Estado para evaluar el sistema de identificación digital. Tras analizar la documentación, Iustitia Europa consideró que persistían aspectos que requerían mayores garantías, lo que motivó la presentación de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo.


