MADRID.– La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha decidido que el proceso de regularización extraordinaria de migrantes se mantenga dentro del ámbito jurídico nacional. El alto tribunal ha rechazado plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y, asimismo, ha negado la suspensión cautelar del Real Decreto emitido el 14 de abril que da inicio a este procedimiento.
Esta resolución se produce tras la propuesta que el propio Tribunal Supremo hizo el 30 de junio, cuando valoró la posibilidad de consultar al TJUE sobre si algunas disposiciones del decreto podrían contravenir la normativa comunitaria.
Diferencias entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas
La sugerencia del Supremo generó un debate entre las partes implicadas, mostrando posiciones claramente opuestas:
- En contra de acudir a Europa: La Abogacía del Estado defendió la legalidad y adecuada integración del decreto aprobado por el Ejecutivo, oponiéndose a la elevación de la consulta al TJUE.
- A favor de acudir a Europa: Los gobiernos de la Comunidad Valenciana y Aragón, que fueron quienes impugnaron inicialmente la regularización, apoyaron la intervención del TJUE.
Después de examinar los argumentos presentados, el Tribunal Supremo ha concluido que «en esta etapa procesal no es procedente» plantear la cuestión prejudicial.
Confirmación de la vigencia del Real Decreto
Además de descartar en este momento la vía europea, el tribunal ha desestimado la solicitud de suspensión cautelar del Real Decreto planteada por la Comunidad Valenciana y Aragón. Con esta decisión, la norma del 14 de abril permanece en vigor y el proceso de regularización de migrantes continuará su desarrollo habitual hasta que se resuelva el fondo del litigio en los tribunales españoles.
