Madrid, 6 de mayo de 2026 — Acabar con la pobreza en España es una meta económicamente viable, aunque implica destinar anualmente 24.000 millones de euros. Este dato destacado proviene del informe ‘Análisis de la exclusión social y económica en España y sus territorios’, dado a conocer hoy por la Fundación Ramón Areces junto al Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie).
El documento muestra que, si bien la pobreza extrema ha disminuido un 28% en el período 2015-2025, la vulnerabilidad persiste como un problema estructural: el 19,5% de la población permanece en riesgo de pobreza y un 8% enfrenta exclusión severa.
La contradicción del «trabajador pobre»
Un hallazgo relevante del informe es que el empleo ya no garantiza protección contra la exclusión social. El 33% de quienes están en riesgo de pobreza en España mantienen un empleo.
- Inestabilidad laboral: La tasa de pobreza entre trabajadores asciende al 11,6%.
- Diferencias geográficas: En Navarra, la probabilidad de ser pobre con empleo es del 6%, mientras que en Andalucía alcanza el 17,4%.
- Desigualdad por género: La situación de las mujeres ha empeorado en comparación con años anteriores. En 2025, el 20,3% de las mujeres están en riesgo de pobreza frente al 18,6% de los hombres, invirtiendo la tendencia registrada hace una década.
Desigualdad territorial: coste de la intervención
El monto necesario para erradicar la pobreza varía significativamente según la comunidad autónoma, reflejando una España con desigualdades regionales:
| Región | Inversión requerida (% del PIB regional) | Tasa de riesgo de pobreza |
| Andalucía | 3,9% | 27,7% |
| Extremadura | (Alto impacto) | 26,2% |
| Madrid | (Bajo impacto) | 12,7% |
| País Vasco | 0,6% | 9,3% |
«Eliminar la exclusión más severa (ingresos inferiores al 40% de la mediana) implicaría un gasto sensiblemente menor: 8.800 millones de euros, lo que equivale a solo un 0,7% del PIB», señalan los autores del informe, Carmen Herrero, Antonio Villar y Carlos Albert.
Jóvenes y mujeres, los grupos más expuestos
El estudio indica que, aunque la pobreza entre personas mayores de 65 años se mantiene baja debido al sistema de pensiones, los jóvenes y quienes cuentan con contratos temporales presentan los índices más elevados de exclusión social.
Para cambiar esta realidad, los especialistas del Ivie instan a las autoridades a fortalecer los mecanismos de protección social y a optimizar la coordinación entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, asegurando que las ayudas lleguen efectivamente a las personas que, pese a tener empleo, no consiguen cubrir sus necesidades básicas.
