El Ejecutivo español votará en contra del reglamento europeo que busca agilizar los retornos de migrantes irregulares, una resolución que se plantea tras la crisis migratoria ocurrida en Ceuta los días 30 y 31 de julio.
España será el único miembro de la Unión Europea que rechazará la propuesta para acelerar las deportaciones de migrantes irregulares, según documentos previos a la reunión de los ministros del Interior de los 27 publicada por EL ESPAÑOL.
La votación tendrá lugar este jueves en Luxemburgo, donde el ministro Fernando Grande-Marlaska tiene previsto manifestar su oposición a la medida, la cual cuenta con el apoyo del resto de Estados, salvo Bélgica, que optará por la abstención.
Este reglamento de retornos, ya aprobado por el Parlamento Europeo, es el último trámite antes de su publicación en el Diario Oficial de la UE. Una vez vigente, tendrá un periodo transitorio de 12 meses.
La postura del Gobierno español responde a la crisis migratoria de Ceuta en los últimos días de julio, cuando miles de migrantes entraron de forma masiva por la frontera del Tarajal.
Desde el Ministerio del Interior argumentan que el reglamento no contempla soluciones concretas para situaciones similares a la registrada en Ceuta. Entre sus motivos, el Ejecutivo indica que no existe un reconocimiento automático de las órdenes de expulsión entre países, cuestiona la creación de centros de retorno en terceros países por razones legales y considera que las reglas sobre detención son excesivas.
En el documento presentado ante la UE, Interior señala que los hechos en Ceuta evidenciaron la necesidad de mecanismos específicos para gestionar entradas masivas y desordenadas en las fronteras exteriores, algo que, a su juicio, el reglamento no contempla.
Durante la sesión europea, los socios comunitarios esperan que el ministro Grande-Marlaska detalle la situación de Ceuta y las acciones implementadas para organizar los retornos hacia Marruecos.
La Comisión Europea, por su parte, tratará un plan para reforzar la seguridad en las fronteras exteriores de la UE, iniciativa impulsada posterior a la crisis migratoria ceutí.
