A partir de la fianza de un millón de euros impuesta a Jonathan Andic, expertos analizan cómo la Justicia determina estas cantidades para que sean disuasorias pero alcanzables.
MADRID (EFE).— La libertad provisional concedida recientemente a Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, tras abonar rápidamente una fianza de un millón de euros, ha reavivado el debate sobre un instrumento fundamental en el sistema penal: las fianzas millonarias. Este mecanismo, utilizado en casos de delitos graves contra personas con alto capital, persigue un efecto disuasorio para evitar que los imputados eludan la acción judicial.
Andic declaró como investigado el pasado martes por un presunto homicidio vinculado al fallecimiento de su padre, Isak Andic, quien murió en diciembre de 2024 tras caerse en un sendero de montaña en Collbató (Barcelona). Ante la gravedad del posible delito y la capacidad económica del investigado, la jueza encargada dictó una de las medidas cautelares más significativas del año.
El equilibrio legal: una medida disuasoria accesible
El cálculo de estas fianzas no se hace de forma arbitraria. Según el catedrático de Derecho Penal de la Universidad Carlos III, Jacobo Dopico, entrevistado por EFE, «la fianza se establece para garantizar que el investigado no se evada del proceso judicial». Para que cumpla su propósito, el importe debe ser suficientemente elevado para que al imputado le suponga una pérdida económica considerable si decide escapar.
No obstante, el ordenamiento jurídico demanda un balance. La ley impide imponer una fianza que resulte imposible de pagar, ya que eso equivaldría a una prisión preventiva encubierta. Por ello, los jueces ponderan tres factores principales:
- La gravedad del delito y la duración potencial de la condena.
- El patrimonio y la capacidad económica real de la persona investigada.
- El riesgo de fuga, que aumenta si el imputado puede establecerse fácilmente en el extranjero.
Además, Dopico señala que la fianza monetaria «no garantiza completamente la presencia del acusado», y actualmente los magistrados complementan estas medidas con tecnologías como pulseras de geolocalización o controles biométricos para asegurar la asistencia a los procesos.
Las fianzas más elevadas en la historia judicial española
Aunque la fianza de un millón de euros fijada a Jonathan Andic puede parecer elevada, existen precedentes judiciales de importes superiores, mayormente relacionados con grandes casos de delincuencia económica:
| Investigado / Caso | Año | Fianza Inicial | Evolución Judicial |
| Ángel de Cabo (Marsans / Nueva Rumasa) | 2012 | 50 M€ | Reducción a 15 M€ y finalmente a 300.000 € tras su colaboración. |
| Gerardo Díaz Ferrán (Expresidente CEOE) | 2012 | 30 M€ | Posteriormente rebajada a 10 millones de euros. |
| Javier de la Rosa (Caso Torras) | 1999 | 30 M€ (5.000 M de pesetas) | Reducción posterior a 3 millones de euros. |
| Los «Albertos» y R. Montes (Caso Urbanor) | 1998 | 24 M€ (4.080 M de pesetas) | Fianza conjunta abonada para evitar prisión. |
| Francisco Correa (Trama Gürtel) | 2011 | 15 M€ | El Tribunal Superior de Justicia de Madrid la redujo a 200.000 euros años después. |
El antecedente millonario más notable y reciente antes del caso Andic ocurrió en marzo de 2024, cuando la Audiencia de Barcelona impuso una fianza de un millón de euros al exfutbolista Dani Alves para otorgarle libertad provisional mientras esperaba sentencia firme por un caso de agresión sexual, proceso que finalmente concluyó con su absolución por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
