Madrid, 20 de noviembre de 2026. — El conocido filántropo estadounidense James ‘Fergie’ Cox Chambers Jr. ha pedido a la Audiencia Nacional su puesta en libertad tras el aplazamiento de la decisión sobre su extradición a Estados Unidos, motivado por la detección de «errores» en la traducción al español de los documentos enviados a la justicia española, reconocidos por el Departamento de Justicia norteamericano.
De acuerdo con lo reportado por EFE, la solicitud fue presentada por su defensa —representada por el abogado Aitor Martínez, del despacho del exjuez Baltasar Garzón— luego de que Washington remitiera al tribunal, un día después de la vista de extradición, una misiva donde admitía tres errores «sustanciales e involuntarios» en la traducción de la documentación, atribuyéndolos a la empresa privada que realizó dicho trabajo.
Retraso del tribunal y cambio en el proceso
Tras esta notificación, el tribunal de la Audiencia Nacional encargado del caso, presidido por el juez Fernando Andreu, decidió aplazar la resolución para permitir que las partes —incluida la Fiscalía, que durante la vista había sostenido que se cumplían las condiciones para la extradición— ofrezcan un informe sobre el asunto.
Chambers continúa en prisión desde el 10 de julio, fecha en que fue arrestado en Ibiza. Su defensa argumenta que la petición de extradición se basa en una traducción incorrecta de la declaración de una agente del FBI relacionada con una protesta realizada en una empresa israelí, y sostiene que las tres correcciones reconocidas afectan la gravedad de los hechos atribuidos y la consideración de los mismos como actos terroristas.
Delitos imputados y versión del activista
Estados Unidos solicita la extradición de Chambers por delitos de blanqueo de capitales, posible financiación de la organización terrorista palestina Hamás y su intervención en la mencionada protesta —por la que se le pide una condena de cinco años de prisión, mientras que otros acusados en EE.UU. han recibido condenas cercanas a los 60 días, según la documentación aportada por las autoridades estadounidenses, que mencionan incendios y riesgos que provocaron la intervención armada de vigilantes—.
En la vista, Chambers reconoció haber participado en la protesta como activista pro-palestino desde joven, pero negó haber realizado actos violentos o haber financiado terrorismo, señalando que sus aportaciones a organizaciones se hicieron conforme a la ley y calificando el proceso como una persecución política vinculada al Gobierno de Donald Trump.
«No comprendo por qué he estado detenido desde julio; podría aceptar haber participado en episodios que provocaron disturbios, pero (…) se ha creado una narrativa que me relaciona con actividades terroristas» para perjudicarme.
Por otro lado, el fiscal Juan Hernández Villalba opinó que, aunque se aceptara la alegación de la defensa sobre la traducción de términos relacionados con incendios y violencia, esto no sería relevante porque, en su opinión, existieron «daños importantes y una situación de peligro para terceros».
(Actualización: tras la noticia inicial sobre la petición de libertad y el aplazamiento, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha decidido este viernes conceder la libertad provisional a Chambers con medidas cautelares —retirada de pasaporte, prohibición de abandonar España y comparecencias semanales— mientras se evalúan las implicaciones de los errores de traducción en el proceso).


