PLUTARCO
Después de 25 años al frente del Gobierno de Ceuta, Juan Vivas conoce bien las dificultades jurídicas y administrativas. También sabe que, cuando existe voluntad política, pueden buscarse soluciones dentro de la ley. La controversia del Hotel Puerta de África y la situación de Brigadas Verdes invitan a preguntarse si esa determinación se aplica con el mismo empeño en ambos casos.
La adjudicación del hotel a Bulyba, empresa vinculada a los hermanos Bulaix, salió adelante pese a los informes técnicos desfavorables que inicialmente motivaron su exclusión. La empresa recurrió, su recurso fue parcialmente estimado y finalmente se encontró una vía administrativa para adjudicar el establecimiento. También se resolvió la recolocación de sus trabajadores en sociedades municipales.
Aquella controversia estuvo acompañada de duras publicaciones contra los técnicos municipales en Ceuta Televisión, Ceuta Actualidad y Ceuta al Día, medios integrados en una UTE vinculada empresarialmente a Karim Bulaix y beneficiaria de contratos de publicidad institucional de la Ciudad Autónoma. Esa coincidencia de intereses merecía una explicación transparente ante los lectores.
A ello se suma la relación sentimental de Fouad Bulaix, vinculado a Bulyba, con Cristina Díaz, senadora del PP por Ceuta. La existencia de esa relación no acredita ninguna intervención política ni irregularidad, pero refuerza la importancia de que las decisiones administrativas estén debidamente motivadas y sean transparentes.
Ahora el problema afecta a unos 120 trabajadores de Brigadas Verdes, cuya subrogación en INTEGRACE ya se ha ejecutado, pero ha sido impugnada judicialmente por UGT.
Resulta llamativo que el sindicato, mayoritario en el Hotel Puerta de África, participara entonces en las negociaciones para recolocar a su plantilla y ahora cuestione la integración de Brigadas Verdes. Ambas operaciones tienen diferencias jurídicas que UGT debería explicar con claridad. Pero el debate no puede quedarse en el sindicato.
La responsabilidad política principal corresponde a Juan Vivas.
Si su Gobierno encontró alternativas legales para desbloquear la adjudicación del hotel, debe explicar ahora qué medidas está adoptando para defender la subrogación que él mismo impulsó. ¿Dispone de una estrategia jurídica? ¿Ha estudiado las posibles consecuencias de la demanda? ¿Qué garantías ofrece a los trabajadores?
Una impugnación judicial no anula automáticamente una subrogación ya ejecutada. Tampoco puede utilizarse como excusa para abandonar un compromiso político sin agotar las alternativas legales.
Nadie reclama privilegios ni que se ignore la ley. Se reclama coherencia, diligencia y transparencia.
La pregunta es si Juan Vivas afrontará la denuncia de UGT como un obstáculo que debe intentar superar o como una justificación para desentenderse de Brigadas Verdes.
Detrás de esa respuesta hay 120 trabajadores y sus familias.
Si hubo voluntad para encontrar una solución en el Puerta de África, debe haberla también para defender, dentro de la ley, la estabilidad de Brigadas Verdes.


