MADRID | Con el aumento de la presión policial en las costas españolas, la justicia advierte sobre el riesgo de colapso del sistema. Jueces y magistrados de primera instancia han comunicado a El País la grave carencia de recursos para gestionar las grandes causas vinculadas al narcotráfico, alertando que, sin apoyos inmediatos, la impunidad puede incrementarse debido a los retrasos judiciales.
El fundamento es sencillo: no basta con que las fuerzas de seguridad efectúen importantes incautaciones si los tribunales no pueden procesar los casos con la rapidez requerida. «La lucha contra el narcotráfico también se sostiene en los tribunales, y actualmente estamos en desventaja por la falta de medios», mencionan fuentes del ámbito judicial.
El cuello de botella en el Estrecho y el sur peninsular
El informe se centra en los juzgados ubicados en el Campo de Gibraltar, Cádiz y la Costa del Sol, donde el elevado número de narcolanchas activas (más de 600 según el Departamento de Seguridad Nacional) representa una carga laboral inmanejable. Los magistrados señalan:
- Escasez de personal especializado: Urge contar con más fiscales, letrados de la administración de justicia y funcionarios capacitados en delitos económicos.
- Carencia tecnológica: Presentan problemas para gestionar el desbloqueo de dispositivos móviles encriptados y bases de datos voluminosas.
- Servicios saturados: Juzgados mixtos que deben atender simultáneamente casos de violencia de género o familia y complejas investigaciones contra organizaciones internacionales.
Peligro de prescripción y puesta en libertad de líderes
Una preocupación destacada en el reportaje es la dilación de los procesos que puede provocar que los acusados queden en libertad por agotamiento de los plazos máximos de prisión provisional o, en el peor escenario, por la prescripción de los delitos.
«No se trata solo de la labor de los jueces, sino también de contar con peritos informáticos, traductores y espacios adecuados para almacenar la evidencia», señala el informe. La complejidad de las redes, con estructuras financieras transnacionales, demanda una justicia moderna que, según los expertos, actualmente no está disponible.
Petición al Ministerio de Justicia
La judicatura solicita al Ministerio una reforma estructural que permita la creación de juzgados específicos para casos de narcotráfico y crimen organizado en las áreas con mayor actividad. Advierten que el trabajo policial es insuficiente si la última fase judicial, la sentencia condenatoria, demora años por la saturación administrativa.
