Madrid. La decisión sobre la autorización para que Begoña Gómez pueda salir de España esta semana no dependerá del juez Juan Carlos Peinado, ya que éste se encuentra de vacaciones. Por tanto, será un magistrado suplente quien probablemente el próximo lunes conceda o deniegue el permiso para que la esposa del presidente del Gobierno viaje a Ankara (Turquía) y Londres (Reino Unido).
La defensa de Gómez ha solicitado este permiso judicial porque el juez Peinado le retiró recientemente el pasaporte y le impuso la prohibición de salir del país como medidas cautelares dentro del proceso penal donde se le imputan cuatro presuntos delitos.
Itinerario planteado: Actividad oficial y razones familiares
El escrito de la defensa solicita la devolución temporal del pasaporte para salir al extranjero entre el 7 y el 10 de julio de 2026. El viaje contempla dos etapas:
- Ankara (Turquía): Participará en la delegación oficial española que acompañará a Pedro Sánchez en la 36ª Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN, tras una invitación formal por parte de la esposa del presidente turco.
- Londres (Reino Unido): En el retorno se realizará una escala en la capital británica para que Gómez asista a la ceremonia de graduación de su hija, regresando a España el 10 de julio en un vuelo comercial.
Para asegurar que no existe riesgo de fuga, la defensa manifiesta que Gómez estará bajo la vigilancia constante del equipo de seguridad que acompaña al presidente durante sus viajes oficiales. Además, el abogado se compromete a entregar nuevamente el pasaporte en el juzgado al día siguiente de su regreso y solicita que la autorización quede reflejada en el sistema público de Justicia (Siraj) para evitar problemas en el control aeroportuario.
Diferencias entre Fiscalía y acusaciones populares
La solicitud ha provocado opiniones contrapuestas entre las partes involucradas en el procedimiento judicial:
A favor
La Fiscalía ha expresado su respaldo a la petición de la defensa, considerando que el viaje institucional y familiar está justificado y que las garantías para el retorno son adecuadas.
En contra
En cambio, las acusaciones populares participantes en el caso han presentado su rechazo total y definitivo a la autorización. Estos colectivos jurídicos mantienen que el riesgo de fuga sigue siendo alto y exigen que el veto para salir del país continúe vigente.
