El Tribunal de Milán dictaminó el lunes 16 de noviembre de 2026 que la filial italiana de Revolut estará bajo administración judicial por un año. Esta medida obedece a graves deficiencias en sus sistemas de prevención contra el blanqueo de capitales, además de facilitar, según el fallo, operaciones vinculadas a grupos mafiosos. Se le acusa de ser “altamente accesible a individuos relacionados con ambientes mafiosos o condenados por delitos graves”.
Las pesquisas realizadas por la Guardia di Finanza identificaron hasta un millón de presuntas infracciones normativas relacionadas con Revolut por negligencia, vinculadas a transferencias, ocultación o desvío de fondos por cerca de 76,5 millones de euros. Entre las irregularidades señaladas figuran la identificación inadecuada de clientes, falta de controles sobre antecedentes penales, apertura de cuentas poco antes de incautaciones judiciales y frecuentes transferencias de fondos a otros países.
A pesar de ello, la resolución judicial no afecta la operatividad habitual de la entidad ni las cuentas de sus seis millones de clientes en Italia. Revolut Bank UAB, con licencia bancaria lituana y operaciones en Italia, seguirá ofreciendo sus servicios habituales mientras los administradores designados supervisan los aspectos con deficiencias.
Estado de Revolut en Italia antes de la intervención
En octubre de 2026, Revolut superó los seis millones de usuarios en Italia, posicionándose como la tercera entidad con mayor número de clientes, solo por detrás de los principales bancos tradicionales. Además, cuenta con más de 62.000 clientes corporativos y depósitos que superan los 1.200 millones de euros en su plataforma italiana. Estos datos evidencian el acelerado crecimiento de la fintech en el país, impulsado parcialmente por la adopción del IBAN nacional y la consolidación de su filial italiana, registrada oficialmente en el registro bancario del país.
Fundada en 2015, Revolut opera internacionalmente con más de 80 millones de usuarios en todo el mundo. En Europa, sus licencias provienen de la autoridad bancaria de Lituania y la supervisión del Banco Central Europeo.
Esta no es la primera vez que Revolut enfrenta sanciones en Italia; en abril de 2026 fue sancionada con una multa superior a los 11 millones de euros por prácticas comerciales consideradas desleales, como publicidad engañosa en servicios de inversión y falta de claridad en los costes.
En este contexto, la medida de administración judicial establecida por el Tribunal de Milán se basa en el artículo 34 del Código Antimafia italiano, que permite intervenciones preventivas cuando existen indicios de que una entidad económica podría facilitar actividades delictivas graves como el lavado de dinero, delitos fiscales, extorsión, usura o fraudes estatales.
Aspectos legales y consecuencias de la administración judicial
La administración judicial impuesta a Revolut implica la designación de responsables cuya función es supervisar y fortalecer el sistema de control interno sin interrumpir los servicios habituales para los clientes. No constituye una sanción penal ni la pérdida de la licencia bancaria, sino una acción preventiva para corregir fallos estructurales.
El Decreto legislativo n.º 231 de 2007 y las regulaciones italianas de 2011 sobre prevención del lavado de dinero, previas a las normas europeas, establecen que los bancos deben aplicar verificaciones adecuadas a sus clientes, reportar operaciones sospechosas y conservar la información relevante. Los investigadores indican que Revolut incumplió sistemáticamente estas obligaciones.
Por su parte, Revolut ha expresado que «colaborará en todo momento con las autoridades italianas» y reafirma que cumple «estrictamente» con sus responsabilidades en materia de prevención del lavado de dinero. Además, asegura que continúa invirtiendo para mejorar sus sistemas automatizados, el control de las transacciones y la capacitación de sus equipos especializados.


