La Asociación de la Construcción de Ceuta ha celebrado este lunes su Asamblea General, en la que ha realizado balance del trabajo desarrollado durante el último año y ha fijado las principales líneas de actuación para los próximos meses. Entre las prioridades del sector destacan la mejora de la contratación pública, la agilización de los trámites urbanísticos, la falta de mano de obra cualificada y la lucha contra las obras ilegales.
La reunión estuvo presidida por Karima Aomar Dadi, quien puso en valor la importancia de mantener una representación empresarial unida y una interlocución constante con las administraciones para trasladar las necesidades de las empresas y autónomos del sector.
Durante la Asamblea se repasaron las gestiones llevadas a cabo por la Asociación, que incluyen reuniones institucionales, presentación de propuestas técnicas y seguimiento de las demandas planteadas por los asociados con el objetivo de mejorar las condiciones de trabajo del sector.
Uno de los asuntos centrales fue la contratación pública. La Asociación volvió a reclamar una mayor transparencia y rotación en la adjudicación de contratos menores, así como que se tenga en cuenta la capacidad de las empresas locales para favorecer el acceso de un mayor número de pequeñas y medianas empresas a las obras públicas, incluidas las de emergencia.
En materia de suministros, también se informó de los encuentros mantenidos con proveedores para analizar las dificultades de abastecimiento y el impacto de los sobrecostes. Asimismo, se continúa trabajando en la actualización de la base de precios de construcción de Ceuta para que refleje el coste real de los materiales y de la mano de obra.
Agilizar licencias y combatir la competencia desleal
En el ámbito urbanístico, la Asociación insistió en la necesidad de acelerar la concesión de licencias, unificar criterios en la aplicación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y simplificar la documentación requerida para las declaraciones responsables de obras menores.
La organización considera que los retrasos administrativos afectan directamente a promotores, técnicos, empresas constructoras y proveedores, dificultando la inversión y la creación de empleo.
Otro de los puntos destacados fue la preocupación por las obras ilegales y la competencia desleal. La Asociación pidió una actuación coordinada de las administraciones para reforzar los controles sobre las obras no declaradas y proteger a las empresas que cumplen con sus obligaciones fiscales, laborales y de seguridad.
Falta de profesionales y bonificaciones
La escasez de mano de obra cualificada volvió a situarse entre las principales preocupaciones del sector. Durante la Asamblea se expusieron propuestas para reforzar la formación práctica en las empresas y mejorar la coordinación con el SEPE con el fin de adaptar la oferta de trabajadores a las necesidades reales de contratación.
En materia laboral, también se abordó la incorporación de la construcción al sistema de bonificaciones de la Seguridad Social, una reivindicación histórica del sector. No obstante, la Asociación reclamó mayor seguridad jurídica para su aplicación y la revisión de algunos requisitos relacionados con el mantenimiento del empleo.
La Asamblea concluyó reafirmando el compromiso del sector con la prevención de riesgos laborales y con la actualización del convenio colectivo, además de hacer un llamamiento a la participación de las empresas asociadas para fortalecer la representación del colectivo.
