La entidad exige una investigación urgente y advierte de que el control fronterizo no puede justificar vulneraciones de derechos fundamentales
La oficina local de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) en Tetuán ha emitido este martes un comunicado de condena y solidaridad tras denunciar el supuesto trato degradante sufrido por el abogado Abdel Latif Kanjaa, miembro de la organización y colegiado en Tetuán, durante un procedimiento de control aduanero en el paso fronterizo de Bab Sebta.
Según recoge el comunicado difundido por la asociación, los hechos habrían ocurrido el 26 de mayo de 2026, cuando el letrado fue sometido, presuntamente, a actuaciones que la entidad considera incompatibles con el respeto a la dignidad y los derechos fundamentales.
La AMDH sostiene que, de acuerdo con la información recopilada, el abogado habría sido objeto de un registro considerado por la organización como “humillante” e invasivo, incluyendo la revisión de documentación y efectos personales de carácter privado, entre ellos documentos de naturaleza médica y una libreta personal. La asociación también denuncia que durante el procedimiento se habrían producido comportamientos verbales que califica de provocadores.
En su valoración, la organización considera que este tipo de actuaciones, si se confirman, entrarían en contradicción con las garantías legales que deben regir la actuación administrativa y con los compromisos constitucionales e internacionales asumidos por Marruecos en materia de protección de derechos humanos.
A través del comunicado, la sección de Tetuán expresa su solidaridad total con Abdel Latif Kanjaa y afirma que lo ocurrido representaría una vulneración del derecho a la dignidad y a la privacidad, además de cuestionar los límites del ejercicio de autoridad en espacios de control fronterizo.
Entre las medidas reclamadas, la asociación pide la apertura inmediata de una investigación independiente y transparente, con el objetivo de esclarecer lo sucedido y determinar posibles responsabilidades.
Asimismo, solicita a la administración aduanera y a las autoridades competentes que refuercen el respeto a los procedimientos legales y a los estándares de derechos humanos durante las labores de inspección y vigilancia.
La entidad concluye reiterando que continuará realizando seguimiento del caso y subraya que la protección de la dignidad humana y el respeto de los derechos fundamentales constituyen obligaciones legales y constitucionales que, a su juicio, deben garantizarse en cualquier actuación administrativa, también en el ámbito fronterizo.
