MADRID – La Audiencia Provincial de Madrid celebra este lunes una sesión determinante respecto al futuro judicial de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. Cinco jueces de la Sección 23, reunidos en una «sala reforzada», deliberarán a puerta cerrada para resolver la validez del auto emitido por el juez instructor Juan Carlos Peinado, que ordena juzgar a Gómez en un juicio con jurado popular.
Además de este punto principal, el tribunal analizará dos recursos cruzados: una reclamación presentada por las acusaciones populares contra el archivo del delito de intrusismo profesional decretado por el instructor, y la posible división de la acusación popular conjunta, actualmente coordinada por la asociación Hazte Oír. Fuentes legales advierten que, debido a la complejidad técnica y relevancia del asunto, la decisión motivada se plasmará en un auto judicial cuya notificación podría tardar varios días.
Diferencias entre el instructor y la Audiencia
El proceso, iniciado en abril de 2024, se centra en supuestas irregularidades relacionadas con la codirección de una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), la financiación y registro de un software desarrollado para esta, los contratos públicos adjudicados al empresario Juan Carlos Barrabés y el papel de su asesora personal, Cristina Álvarez, cuyo salario proviene de fondos públicos.
El caso llega a la Audiencia tras varias resoluciones encontradas:
- El 11 de abril, el juez Peinado emitió un extenso auto al concluir la instrucción, manteniendo que Gómez, Álvarez y Barrabés deben ser juzgados por un tribunal de jurado por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de fondos públicos y apropiación indebida.
- En la misma resolución, el juez archivó la acusación por intrusismo profesional vinculada a la firma de los pliegos del software.
- Anteriormente, la Audiencia de Madrid había rechazado un primer intento del juez de aplicar el juicio con jurado popular, debido a una «falta manifiesta de motivación» en su escrito. Tras su corrección en mayo y el rechazo de recursos en primera instancia, las defensas y la Fiscalía apelaron ante el órgano superior.
Opinión de la Fiscalía y medidas cautelares en vigor
Tanto el Ministerio Fiscal como las defensas de los acusados han sostenido durante todo el proceso la ausencia de indicios que impliquen a Begoña Gómez en hechos delictivos. En sus escritos, han calificado la investigación realizada por el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid como una indagación «prospectiva», señalando directamente que la causa penal se fundamenta principalmente en la condición de Gómez como esposa del presidente del Gobierno.
Esta decisión de la Audiencia llega semanas después de que, el 20 de junio, el juez instructor dictara el auto de apertura de juicio oral contra los tres investigados. En ese auto, el juez Peinado impuso a Begoña Gómez y a su asesora Cristina Álvarez medidas cautelares estrictas, consistentes en la retirada del pasaporte, la prohibición expresa de salir del país y la obligación de comparecer quincenalmente apud acta en el juzgado de Plaza de Castilla.
