La Audiencia Nacional ha decidido no suspender de forma provisional el campamento de migrantes planeado en el Puerto de Ceuta, permitiendo así que el Gobierno continúe con la instalación de carpas para acoger a alrededor de 1.700 personas.
La Audiencia Nacional rechazó la petición urgente presentada por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) para detener la construcción del campamento en el Puerto de Ceuta.
Con esta resolución, el Ejecutivo puede seguir adelante con el plan aprobado, que contempla utilizar dos terrenos portuarios para montar las carpas destinadas al alojamiento de unas 1.700 personas.
El SUP interpuso un recurso contra la creación del campamento, argumentando la ausencia de informes técnicos que respaldasen la idoneidad del lugar. El sindicato alertó sobre posibles riesgos debido a la cercanía de depósitos de combustible, las actividades marítimas y las condiciones de seguridad para el personal portuario y los migrantes.
La decisión original se había tomado el 5 de septiembre, pero quedó suspendida temporalmente tras el recurso presentado ante la entidad judicial.
Por su parte, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, defendió la seguridad de la instalación y afirmó que el Gobierno aportó al juzgado toda la documentación pertinente sobre el dispositivo previsto en el puerto de Ceuta.
En el contexto de la situación migratoria en la ciudad autónoma, el Ministerio de Sanidad mantiene activo un dispositivo especial de atención. Este jueves se atendieron 328 asistencias sanitarias y 28 migrantes permanecían hospitalizados en el Hospital Universitario de Ceuta.
En el ámbito político, Vox ha presentado una iniciativa en el Congreso para pedir la presencia permanente de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos de seguridad del Estado en las fronteras de Ceuta y Melilla.
La formación sostiene que estas ciudades necesitan una política estatal para garantizar la protección de sus fronteras.
Asimismo, el Parlamento Europeo aprobó una enmienda que propone establecer mecanismos para suspender fondos a países asociados que no colaboren o cuando se pongan en riesgo los intereses de la Unión Europea o de sus Estados miembros.
