El magistrado Antonio Piña juzga al exconsejero madrileño por supuestas irregularidades en la asignación de parcelas públicas y ampliaciones del Metro entre 2003 y 2011; la Fiscalía pide 42 años de cárcel.
MADRID. — El juez de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, ha emitido un auto para abrir juicio oral contra Francisco Granados, exconsejero de la Comunidad de Madrid, y otras 40 personas. Este procedimiento se centra en presuntas irregularidades ocurridas entre 2003 y 2011 relacionadas con la adjudicación de terrenos públicos para promociones residenciales y contratos de obras en diversas líneas del Metro capitalino.
Esta decisión del magistrado coincide con la comparecencia simultánea de Granados —exconsejero de Presidencia, Justicia e Interior, además de exsecretario general del Partido Popular en Madrid— en el banquillo de la Audiencia Nacional en otra pieza del extenso proceso judicial de la trama Púnica.
Presuntas irregularidades en suelo público y Metro
El nuevo juicio corresponde a la pieza número 8 del caso Púnica. La investigación judicial analiza detalladamente la gestión de Granados durante su mandato en la Comunidad de Madrid, enfocándose en las concesiones relacionadas con el desarrollo urbanístico y las infraestructuras del transporte público regional.
En particular, el tribunal examinará los supuestos amaños en la adjudicación de terrenos públicos para construir viviendas y las irregularidades vinculadas a licitaciones y obras en dos líneas del Metro de Madrid, además del trazado del metro ligero de Boadilla del Monte. Además de Granados, la acusación formal involucra a su antiguo colaborador, el empresario David Marjaliza, y al exdirectivo de la constructora OHL, Javier López Madrid, junto con cerca de cuarenta procesados entre funcionarios y empresarios.
Declaración de inocencia ante el tribunal
Durante el juicio paralelo celebrado simultáneamente, el exdirigente del Partido Popular en Madrid ha mantenido su negativa total a los cargos de corrupción. En su declaración, Granados negó haber formado redes para manipular licitaciones municipales o regionales a cambio de beneficios ilícitos.
Igualmente, rechazó las imputaciones que le atribuyen haber instruido que ciertos actos electorales y eventos del Partido Popular regional fueran financiados indirectamente con fondos de corporaciones locales, supuestamente a través de contratos concedidos a una empresa vinculada a un amigo personal.
La mayoría de los acusados que compartirán juicio con Francisco Granados enfrentan cargos graves. Entre las infracciones alegadas figuran la prevaricación administrativa, cohecho, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, fraude y falsificación documental. En conjunto, el Ministerio Fiscal solicita una pena acumulada de 42 años de prisión para el principal acusado.
