La magistrada de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha requerido a la Guardia Civil un informe exhaustivo sobre sus acciones durante la entrada masiva de migrantes producida en Ceuta los días 30 y 31 de julio. La jueza busca aclarar, entre otros temas, si existió información previa que permitiera anticipar la situación.
Esta solicitud forma parte de las investigaciones abiertas para establecer si la movilización fue espontánea o si se trató de una acción coordinada o dirigida. Asimismo, la pesquisas deberán detallar el despliegue operativo, las labores de rescate realizadas y las circunstancias de las personas fallecidas y que sobrevivieron.
Las cifras que reflejan el impacto de la crisis continúan generando discrepancias entre el Gobierno central y la administración de Ceuta.
La jueza solicita información sobre posibles alertas anteriores
En la providencia, Tardón pide a la Guardia Civil que comunique cualquier dato recibido días antes que pudiera indicar una entrada masiva en la frontera del Tarajal.
Esta petición cobra especial importancia ante las versiones contrarias respecto a la existencia de avisos por parte de los servicios de inteligencia e información.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha afirmado que su departamento no recibió avisos anticipados sobre un suceso de tal envergadura. No obstante, algunas fuentes mencionan que ciertos grupos y mensajes en redes sociales estaban siendo vigilados antes del 30 de julio.
Corresponderá a la investigación judicial determinar la información que tenían las autoridades, el momento en que fue recibida y las acciones tomadas a partir de ella.
Informe sobre el despliegue y las operaciones de rescate
La jueza también requiere un informe detallado sobre el despliegue realizado por los diferentes efectivos de la Guardia Civil presentes en Ceuta.
El documento deberá centrarse especialmente en las operaciones de rescate de personas en aguas españolas, incluyendo sus datos personales siempre que fueran conocidos por los agentes.
En relación con las personas fallecidas, se solicita que se informe acerca de la causa y la fecha aproximada de sus muertes. Para los supervivientes, se pide la identificación y ubicación obtenidas durante la intervención.
La Policía investiga si existió una acción organizada
Esta semana, Tardón también requirió datos a la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales de la Policía Nacional.
El propósito es determinar si la entrada masiva procedente de Marruecos fue organizada de forma coordinada y si existió algún grupo responsable de facilitar o promover el movimiento.
Las diligencias comenzaron a partir de una denuncia penal presentada por Iustitia Europa contra funcionarios, posibles integrantes de organizaciones criminales y autoridades españolas o extranjeras que puedan ser identificadas en la investigación.
Dicha denuncia incluye presuntos delitos contra la seguridad del Estado, favorecimiento de la inmigración irregular, tráfico de personas, organización criminal y falta de diligencia en la persecución de delitos.
Estas acusaciones aún están en una etapa inicial y no suponen que las personas o instituciones señaladas hayan cometido los hechos investigados.
La Audiencia debe decidir si tiene competencia
La magistrada aún debe determinar si corresponde a la Audiencia Nacional llevar adelante la investigación penal de todos los hechos incluidos en la denuncia.
Para ello, solicitó a la Fiscalía que opine sobre la competencia del tribunal, considerando la naturaleza de los posibles delitos y la posible implicación de autoridades o grupos ubicados fuera de España.
Mientras se resuelve esta cuestión, las actuaciones se centran en recopilar informes policiales, datos operativos y documentación relacionada con la gestión durante la crisis.
Diferencias en las cifras sobre personas que entraron
El Gobierno central estima en alrededor de 72.000 las personas que accedieron a Ceuta en la entrada masiva. Según Grande-Marlaska, aproximadamente 70.000 ya habrían regresado a Marruecos.
Por su parte, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ofreció un cálculo distinto. En una entrevista para TVE, situó el total en cerca de 80.000 personas y calculó que unas 6.000 permanecen en Ceuta.
Existen también discrepancias en el número de fallecidos, lo que hace que los informes forenses y de la policía sean clave para establecer un cómputo definitivo.
La investigación de la Audiencia Nacional deberá aclarar si hubo avisos previos, cómo se gestionó la respuesta y si la entrada masiva se debió a una acción planificada.
