La Consejería de Urbanismo y Transporte ha aprobado el pliego para la realización de un estudio detallado que analice la viabilidad económica, la demanda de pasajeros y mercancías, así como el impacto socioeconómico de esta importante conexión.
Ceuta. – La Ciudad Autónoma ha comenzado los procedimientos para evaluar el posible retorno de la ruta marítima regular destinada al transporte de pasajeros y carga rodada entre los puertos de Ceuta y Málaga, servicio que se suspendió entre 2011 y 2012 debido a la disminución en la demanda y modificaciones en las estrategias comerciales de las compañías navieras.
Con el fin de fundamentar las próximas decisiones, la Consejería de Urbanismo y Transporte ha aprobado el Pliego de Prescripciones Técnicas para la contratación de un servicio técnico especializado por un valor de 57.460 euros (impuestos incluidos) y un periodo de ejecución de seis meses.
Evaluación completa de la ruta
El estudio encargado examinará la viabilidad de la ruta desde diversos perspectivas técnicas, económicas y jurídicas:
- Operativa y capacidad: Se analizarán los tiempos de rotación, los horarios, las opciones de atraque en ambos puertos, así como las características que deberían tener las embarcaciones.
- Estimación de la demanda: Se realizará una proyección del flujo de pasajeros y mercancías a cuatro años, considerando factores económicos, demográficos, turísticos y logísticos.
- Modelo económico y rentabilidad: Se cuantificarán los ingresos esperados y los costes operacionales (combustible, tripulación, tasas y normativas medioambientales), junto con un análisis de sensibilidad frente a variaciones potenciales del mercado.
Enlace estratégico y figura de Obligación de Servicio Público
Málaga es uno de los principales centros logísticos y económicos de Andalucía. Por esta razón, el informe no solo evaluará el efecto directo sobre el sector empresarial, el empleo y el turismo en Ceuta, sino que también estudiará la posibilidad jurídica de clasificar esta ruta como Obligación de Servicio Público (OSP). Esta figura jurídica, respaldada por normativa estatal y europea, permitiría asegurar el servicio con frecuencias regulares, precios accesibles y posibles compensaciones públicas en caso de que el mercado libre no garantice su viabilidad.
Una vez se disponga de las conclusiones de este informe técnico en un plazo aproximado de seis meses, el Gobierno local contará con información precisa para definir el modelo de gestión más adecuado y promover de manera estratégica la conectividad marítima de la ciudad.
