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La Federación cierra los campos, castiga a todos y sigue sin señalar a los responsables

MARTA LÓPEZ RAMIREZ ( MADRE DE JUGADOR BENJAMIN )

Cerrar los campos a puerta cerrada puede ser una medida excepcional, pero no puede sustituir a las explicaciones. La RFFCE tiene la obligación de aclarar qué clubes están implicados, qué incidentes se han producido y si ha habido amenazas o agresiones contra los árbitros.

La decisión de la Real Federación de Fútbol de Ceuta (RFFCE) de disputar a puerta cerrada todos los encuentros de las competiciones territoriales durante los días 20, 21 y 22 de noviembre, como consecuencia de los episodios de violencia verbal, insultos, amenazas y comportamientos antideportivos, merece una reflexión que va mucho más allá de la propia medida.

La violencia en el fútbol, especialmente cuando hablamos de categorías de formación, debe ser condenada sin ningún tipo de matiz. Los menores tienen derecho a practicar deporte en un entorno seguro, los árbitros merecen respeto y ningún padre, entrenador, directivo o aficionado tiene derecho a convertir un terreno de juego en un escenario de insultos, intimidaciones o amenazas.

Hasta ahí, no hay discusión posible.

Pero una cosa es condenar la violencia y otra muy distinta es adoptar una medida generalizada sin explicar con claridad qué ha sucedido, quiénes son los responsables y qué circunstancias han llevado a la Federación a tomar una decisión de semejante alcance.

Y ahí es donde la RFFCE tiene una asignatura pendiente: dar explicaciones y dejar de jugar al despiste.

El comunicado federativo habla de reiterados episodios de violencia verbal, insultos, amenazas y comportamientos antideportivos. También señala que se ha tenido que activar en numerosas ocasiones el protocolo de actuación frente a la violencia. Sin embargo, no identifica a los clubes implicados, no concreta qué encuentros han protagonizado estos incidentes ni aclara si estamos hablando exclusivamente de insultos desde las gradas o si también se han producido amenazas directas o agresiones a los colegiados.

¿Ha habido amenazas a árbitros? ¿Se ha producido alguna agresión física? ¿Qué partidos han motivado esta decisión? ¿Qué clubes están afectados por estos comportamientos? ¿Se han abierto expedientes disciplinarios? ¿Qué medidas se han adoptado contra los responsables?

Son preguntas perfectamente legítimas y la Federación debería responderlas.

Porque no se puede meter en el mismo saco a todos los clubes, a todas las familias ni a todos los padres que cada fin de semana acompañan a sus hijos a los campos de fútbol. Hay cientos de personas que hacen un esfuerzo enorme para que los niños disfruten del deporte, que cumplen las normas y que mantienen un comportamiento ejemplar. No es justo que todos terminen pagando las consecuencias de las actuaciones de unos pocos.

La propia Federación reconoce en su comunicado que la medida afecta a numerosos familiares y aficionados que mantienen un comportamiento ejemplar. Si es así, precisamente por respeto a esas personas, debería explicar por qué se les priva de acompañar a sus hijos y qué circunstancias concretas han provocado este cierre generalizado.

La transparencia no debilita a una institución. Todo lo contrario: la fortalece.

También cabe hacerse otra pregunta incómoda, pero necesaria: ¿habría actuado exactamente igual la Federación si los incidentes hubieran estado protagonizados por otros clubes o por otros padres? ¿Se habría decretado igualmente el cierre de todas las instalaciones o se habría optado por medidas individualizadas contra los responsables?

No estamos cuestionando la necesidad de proteger a los árbitros, especialmente a los menores de edad, ni la obligación de combatir cualquier manifestación de violencia. Estamos cuestionando la falta de información, la ausencia de concreción y la utilización de una medida colectiva que termina perjudicando también a quienes no han hecho absolutamente nada.

Si existen clubes cuyos entornos están protagonizando reiteradamente estos episodios, la Federación debe identificarlos en los términos que permita la normativa, explicar los hechos y actuar disciplinariamente contra quienes corresponda. Si existen personas que han amenazado o agredido a árbitros, deben asumir las consecuencias. Y si hay comportamientos que ponen en peligro la integridad de los menores, deben activarse todos los mecanismos necesarios.

Pero lo que no puede hacer una institución federativa es limitarse a lanzar un comunicado genérico, decretar el cierre de los campos y dejar a todo el fútbol territorial bajo una sombra de sospecha.

La responsabilidad debe ser individual, no colectiva. Y la transparencia debe ser una obligación, no una opción.

La Federación de Fútbol de Ceuta tiene que entender que no basta con tomar decisiones: también hay que explicar por qué se toman. Los clubes, las familias, los entrenadores, los árbitros y, sobre todo, los menores merecen conocer qué está pasando realmente.

El fútbol base necesita autoridad, pero también necesita justicia, proporcionalidad y transparencia.

Porque proteger a los árbitros y a los menores es una obligación. Pero señalar los problemas, identificar a los responsables y actuar con igualdad de criterios también lo es.

Señores de la Federación: menos comunicados ambiguos y más explicaciones. Den la cara.

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