La Fiscalía General del Estado ha anunciado que intervendrá si alguna comunidad autónoma rechaza asumir la acogida de menores migrantes no acompañados dentro del sistema de reparto establecido por el Gobierno. El objetivo del Ministerio Público es garantizar la protección y atención inmediata de estos menores ante la situación de contingencia migratoria extraordinaria que atraviesa España.
La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha dictado un decreto con instrucciones dirigidas a los fiscales especializados en menores para asegurar la correcta protección de todos los menores extranjeros no acompañados que se encuentren en territorio español.
Según ha informado la Fiscalía en un comunicado, las nuevas pautas están destinadas a los fiscales delegados de menores de las comunidades de origen y destino afectadas por los procesos de reubicación, con el propósito de garantizar que los traslados se realicen con las máximas garantías de bienestar y protección.
La decisión llega después de que varias comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular y Vox hayan mostrado reticencias ante la acogida de menores migrantes tras la llegada masiva de más de 70.000 personas desde Marruecos a Ceuta. Aunque la Fiscalía no cita expresamente el caso de la ciudad autónoma, sus instrucciones se producen en este contexto.
El decreto establece que, cuando una fiscalía de menores tenga conocimiento de que se va a producir el traslado de menores desde una comunidad declarada en situación de contingencia migratoria extraordinaria, deberán adoptarse las medidas necesarias para que la entidad pública autonómica competente garantice una acogida adecuada.
La Fiscalía recuerda a los gobiernos autonómicos su «deber» de asegurar la atención inmediata y, cuando sea necesario, la protección de los menores mediante la adopción de las medidas correspondientes. Además, señala que el fiscal competente deberá ejercer la supervisión y control de estas actuaciones.
En caso de que una comunidad de destino rechace o retrase la recepción efectiva de los menores, el fiscal del territorio de origen deberá informar al fiscal del lugar de destino, remitiendo la resolución de traslado y las posibles alegaciones de rechazo o demora.
Una vez recibida esa información, el fiscal delegado de menores de la comunidad de destino podrá requerir a la entidad pública responsable de la protección de menores para que, con carácter urgente, determine el recurso más adecuado para garantizar la atención de los niños y adolescentes trasladados.
Asimismo, la Fiscalía establece que los representantes del Ministerio Público deberán informar tanto a las secciones de menores como a los organismos autonómicos responsables para garantizar la supervisión del proceso antes de que se produzca el traslado.
Con estas instrucciones, la Fiscalía busca reforzar la coordinación entre administraciones y asegurar que los menores migrantes no acompañados reciban la protección prevista por la legislación, independientemente de las decisiones políticas de las comunidades autónomas implicadas.
