Silvia Rojas considera esencial investigar si las decisiones previas a la entrada masiva de migrantes pudieron influir en las muertes y heridas ocurridas los días 30 y 31 de julio
La Fiscalía de Ceuta entiende que es necesario examinar la actuación del delegado del Gobierno en la ciudad autónoma, Miguel Ángel Pérez Triano, ante la probable relación de sus resoluciones con los fallecimientos durante la entrada masiva de migrantes desde Marruecos a finales de julio.
Esta posición fue expresada por la fiscal de Ceuta, Silvia Rojas, en un escrito fechado el 9 de septiembre, incorporado al expediente iniciado por el Juzgado de Instrucción número 3 de Ceuta respecto a las muertes registradas los días 30 y 31 de julio.
En dicho documento, Rojas señala la importancia de analizar la posible “omisión de medidas que tal vez habrían sido necesarias para impedir o evitar” esos fallecimientos durante el cruce masivo de la frontera.
Actualmente, la investigación se encuentra en la Audiencia Nacional, tras la inhibición de los juzgados ceutíes en favor del órgano presidido por la magistrada María Tardón, que centraliza los diversos procedimientos relacionados con los hechos.
La Audiencia Nacional examinará todos los elementos de la crisis
La magistrada María Tardón asumirá el análisis de las diferentes dimensiones del caso: desde los fallecimientos y lesiones ocurridas en la frontera hasta la posible planificación previa y la respuesta de las autoridades españolas ante alertas detectadas.
Corresponderá a la Fiscalía de la Audiencia Nacional y a la jueza instructora determinar si procede iniciar una pesquisa penal contra el delegado del Gobierno en Ceuta.
El fiscal encargado en el Juzgado Central de Instrucción número 3 es Jesús Alonso Cristóbal.
La fiscal solicita un estudio exhaustivo de las alertas y los dispositivos implementados
Según Silvia Rojas, para valorar la conducta del delegado del Gobierno es fundamental analizar en conjunto las circunstancias que rodearon la entrada masiva.
Entre los puntos a investigar se incluyen:
- La información de que disponían las autoridades españolas.
- Las previsiones y medidas adoptadas con antelación a la llegada de migrantes.
- La organización de los dispositivos de vigilancia, contención, auxilio y recepción.
- Las instrucciones y órdenes emitidas por los responsables correspondientes.
- Posibles omisiones relevantes en materia de prevención y protección.
La fiscal indica que las decisiones tomadas durante esos días podrían haber influido en el desarrollo de los sucesos y en la vulnerabilidad de quienes intentaron acceder a pie a Ceuta.
Investigación sobre una posible relación causal entre decisiones y consecuencias
Uno de los aspectos señalados en el escrito es la posibilidad de una “relación causal” entre las decisiones u omisiones atribuidas al delegado del Gobierno y los fallecimientos, lesiones u otros resultados que se están estudiando judicialmente.
Rojas también advierte sobre los riesgos de dividir la investigación en diferentes juzgados, ya que considera que las acciones vinculadas a la frontera forman parte de un mismo contexto operativo y decisorio.
Por ello, abogó por que el proceso permaneciera unificado en la Audiencia Nacional para impedir una investigación fragmentada.
El proceso también indaga la planificación previa a la entrada masiva
El procedimiento que dirige María Tardón no solo examina la respuesta institucional, sino que analiza asimismo la probable organización anticipada de la movilización.
La Audiencia Nacional ya ha establecido distintas diligencias para investigar las alertas recibidas antes del 30 de julio, las supuestas convocatorias difundidas en redes sociales y la identificación de personas u organizaciones que podrían haber intervenido en la planificación.
