La Fiscalía General del Estado ha emitido instrucciones para que los fiscales territoriales intervengan cuando una comunidad autónoma se niegue o imponga trabas a la acogida de menores migrantes no acompañados procedentes de Ceuta en el marco del sistema vigente de reubicación.
La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha publicado este viernes un decreto con directrices para garantizar el interés superior del menor durante los traslados y procesos de acogida.
Esta instrucción surge en medio del debate político sobre el destino de los menores que llegaron solos a Ceuta en los sucesos ocurridos los días 30 y 31 de julio. Aunque la cifra final aún no está establecida, la Policía ha registrado datos de 1.342 menores.
Intervención de fiscales ante rechazo autonómico
Según la Fiscalía, desde que la sección de menores de la comunidad receptora conozca la previsión de traslado, debe comprobar que exista la capacidad para garantizar la recepción y protección de los menores.
Si una comunidad autónoma rechaza, demora o muestra reservas frente a la llegada de los menores asignados, el fiscal delegado en el territorio de origen debe comunicarlo de inmediato a su homólogo en el lugar de destino.
La información enviada debe incluir la resolución de reubicación y traslado así como las razones presentadas por la administración para justificar la oposición o retraso.
Solicitud urgente a la comunidad receptora
Tras recibir esta notificación, el fiscal en la comunidad destino debe dirigirse a la entidad pública responsable de la protección de menores.
El propósito es solicitarle, “con carácter de urgencia”, que determine el recurso de acogida más adecuado para los menores que van a llegar.
Este procedimiento busca asegurar que los jóvenes dispongan previamente de un centro o recurso de protección y así evitar la desprotección tras el traslado.
El fiscal debe mantener informadas a la Sección de Menores, a la consejería autonómica competente y al representante del Ministerio Público del territorio de origen del menor.
Advertencia de responsabilidades por parte de la Fiscalía
La instrucción también señala que el requerimiento incluirá una advertencia contenida en el real decreto que regula el sistema actual de derivaciones.
Concretamente, debe indicarse que el proceso se realiza “sin perjuicio de las posibles responsabilidades que pudieran derivarse”.
En caso necesario, el Ministerio Público podrá emprender acciones ante incumplimientos en las obligaciones de protección.
La intervención de la Fiscalía no conlleva de forma automática la apertura de procedimientos contra la comunidad autónoma, sino que establece el modo en que los fiscales deben actuar frente a negativas o retrasos específicos.
El reparto de menores genera tensiones entre Gobierno y autonomías
La medida se adopta en un contexto de disputa entre el Gobierno central y diversas comunidades autónomas sobre el reparto territorial de menores extranjeros no acompañados.
El sistema actual, instaurado en 2025, busca aliviar la carga sobre territorios con mayor presión migratoria, como Canarias y Ceuta.
Comunidades gobernadas por el Partido Popular y VOX han expresado su rechazo al modelo o a ciertas asignaciones, mientras el Ejecutivo central defiende que las autonomías deben cumplir con las designaciones que establece el sistema.
La crisis de Ceuta impulsa la reubicación de menores
Los hechos ocurridos a finales de julio han aumentado la presión sobre los recursos de protección para menores en Ceuta.
La dificultad para determinar con precisión cuántos recién llegados son menores, junto con los procesos de identificación y verificación de edad, representan uno de los mayores retos administrativos posteriores a la crisis.
Antes de cada traslado, es necesario completar los procedimientos pertinentes y asegurar que las decisiones se ajusten a la legislación sobre protección infantil.
La Fiscalía recalca que toda acción relacionada con estos menores debe priorizar el interés superior del menor, pese a las diferencias políticas existentes entre administraciones.
Refuerzo de la supervisión por parte del Ministerio Público
Con el nuevo decreto, la Fiscalía pretende fortalecer el control desde que se informa sobre una derivación hasta que el menor queda incorporado en el sistema de protección de la comunidad que lo acoge.
Los fiscales deben asegurar que las administraciones adoptan las medidas necesarias para ofrecer alojamiento, atención y protección adecuadas.
La nueva instrucción incrementa la presión institucional sobre las comunidades que intenten retrasar o impedir la derivación de menores procedentes de Ceuta, justo cuando su acogida representa otro reto político derivado de la crisis migratoria.
