MADRID — La Fiscalía ha interpuesto una denuncia ante el Tribunal de Instancia de Madrid contra la plataforma TikTok por la supuesta difusión, publicación y comercialización de material relacionado con abuso sexual infantil, además de la promoción de estos contenidos mediante su algoritmo. El Ministerio Público ha pedido con carácter urgente y directo la retirada de todos los contenidos ilegales identificados.
El origen: una investigación de Maldita.es
El procedimiento penal se origina a partir de una investigación detallada realizada por el medio Maldita.es, que fue entregada y respaldada ante la Fiscalía General del Estado. Según la información incluida en la denuncia, se descubrió lo siguiente:
- Más de 1.000 vídeos con contenido explícito de abuso sexual infantil, que sumaban cerca de 48 millones de visualizaciones.
- Más de 20.000 perfiles de posibles pedófilos que interactuaban, intercambiaban o vendían este tipo de material (con más de 7.000 perfiles activos en idioma español).
- Cuentas enfocadas en la captación de compradores y transmisiones en directo (streaming) protagonizadas por menores a cambio de remuneraciones.
- Comunidades organizadas con miles de integrantes dedicadas a la búsqueda de material que incluía menores y bebés.
Una vez que los denunciantes presentaron ante la Fiscal de Sala Coordinadora contra la Criminalidad Informática todo el material probado, el Ministerio Público procedió a llevar el caso a la vía judicial.
Respuesta institucional y medidas cautelares
La actuación de la Fiscalía se suma a la presión institucional en España. Desde el Ejecutivo, el Ministerio de Juventud e Infancia solicitó al Ministerio Público que analizase con prioridad estos graves hechos, planteando incluso la posibilidad de evaluar un bloqueo temporal de la aplicación dentro del país.
Por otro lado, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) comunicó que exigirá a la red social información específica sobre los protocolos y controles implementados para combatir esta problemática, advirtiendo que adoptará las acciones necesarias —incluidas órdenes de bloqueo de contenidos concretos— en el marco de sus competencias y la legislación europea en materia de servicios digitales.
Con esta iniciativa judicial, la Fiscalía pretende aclarar responsabilidades y detener con rapidez la exposición y vulnerabilidad de los menores en el entorno digital.
