MADRID — La huelga general convocada el 11 de noviembre ha estado protagonizada por momentos de alta tensión en las grandes ciudades del país. La movilización ha dejado un saldo de decenas de detenidos, personas heridas tras cargas policiales, bloqueos en vías de transporte esenciales y un marcado contraste en las cifras ofrecidas por los convocantes y las organizaciones empresariales respecto al seguimiento del paro.
Los principales focos de conflicto se han ubicado en las principales calles de ciudades como Madrid y Barcelona. En la capital española, miles de manifestantes han cortado la Gran Vía y los accesos a vías importantes como la M-30 y la A-42. En Barcelona se registraron más de treinta interrupciones en el tráfico y protestas multitudinarias. El Ministerio del Interior ha reportado cientos de incidencias durante la jornada y un número de detenciones vinculadas a altercados entre piquetes y las fuerzas de seguridad.
La actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ha generado reacciones diversas entre los protagonistas sociales. Mientras que los sindicatos han denunciado cargas policiales excesivas, señalando cerca de veinte sindicalistas heridos, los sectores empresariales han condenado las actuaciones del «piqueterismo», solicitando a las autoridades que se garantice el derecho al trabajo y la libre apertura de comercios e industrias.
Respecto al impacto de la huelga, las valoraciones son dispares. Los organizadores defienden un alto nivel de participación en sectores como el sanitario y el transporte público urbano, en contraste con la CEOE y asociaciones de autónomos, como ATA, que afirman que el seguimiento en el comercio y en el ámbito privado ha sido reducido, apoyado en datos como un consumo eléctrico nacional con apenas cambios respecto a un día habitual.
