La magistrada María Tardón ordena una batería de diligencias para reconstruir lo ocurrido los días 29, 30 y 31 de julio, identificar a los organizadores, analizar las alertas previas y esclarecer las circunstancias de los fallecimientos
La investigación judicial sobre la entrada masiva de inmigrantes desde Marruecos a Ceuta da un nuevo paso con la citación como testigos de algunas de las principales autoridades que tuvieron relación con la gestión de aquellos acontecimientos.
La magistrada María Tardón, que ha asumido la investigación de las avalanchas mortales registradas durante la crisis fronteriza, ha citado a declarar como testigos al presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas, y al exjefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno, Gonzalo Sanz.
Según el auto notificado este miércoles, Vivas deberá comparecer el 30 de septiembre, mientras que Sanz está citado para el 1 de octubre. Ese mismo día prestará declaración también, en calidad de testigo, quien fuera jefe de la Policía Local de Ceuta, Sebastián Vega.
La magistrada considera estas primeras declaraciones de especial interés en el actual momento procesal y las sitúa entre las diligencias prioritarias para avanzar en la reconstrucción de los acontecimientos.
La cadena de mando, bajo análisis
Una de las líneas de investigación pasa por determinar quiénes participaron sobre el terreno, qué funciones desempeñaban y cómo se articuló la cadena de mando durante las jornadas críticas.
Para ello, Tardón requiere a las direcciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil un informe que permita precisar, en la medida de lo posible, la identidad, cuerpo policial, unidad operativa, empleo o graduación y funciones de los efectivos que aparecen en las imágenes y grabaciones incorporadas a la causa.
El informe deberá servir además para reconstruir la cadena de mando operativa presente en la zona de Fnideq-Castillejos durante los días 29, 30 y 31 de julio de 2026.
Todas las alertas y análisis de riesgo
La magistrada también ha solicitado a numerosos organismos policiales, de seguridad y militares que aporten todas las alertas y análisis de riesgos que pudieran haberse emitido antes o durante los acontecimientos.
La petición incluye información sobre los destinatarios de esas alertas, el sistema utilizado para comunicarlas y su fecha y hora de emisión.
Entre los organismos requeridos figuran el Centro Nacional de Coordinación de Puestos Fronterizos, CEFRONT, la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad y el Estado Mayor de la Defensa.
La investigación pretende determinar así qué información estaba disponible y cómo fue trasladada a los distintos responsables antes y durante la entrada masiva.
Análisis biométrico y reconocimiento facial
Otra de las diligencias ordenadas afecta a las personas identificadas en las fichas de agentes dinamizadores incorporadas a los anexos del informe policial.
Tardón solicita a la Comisaría General de Información y a la Unidad Central de Inteligencia Criminal que realicen los correspondientes análisis biométricos y de reconocimiento facial de las personas identificadas y remitan sus conclusiones al juzgado.
El objetivo es avanzar en la identificación de quienes pudieron desempeñar funciones relevantes dentro de la organización y coordinación de la movilización.
Una investigación específica sobre las redes sociales
La jueza ha acordado además abrir una pieza separada de investigación tecnológica con carácter secreto.
En ella se solicitará cooperación judicial a plataformas como Meta, WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, Google y Apple, entre otras que puedan ser identificadas durante la investigación.
La petición pretende preservar y obtener información relacionada con las cuentas utilizadas para difundir la convocatoria, incluyendo números de teléfono asociados, correos electrónicos, direcciones IP, dispositivos, conexiones y actividad de grupos, canales y perfiles.
El periodo analizado comprende del 1 de julio al 15 de agosto de 2026.
La finalidad es reconstruir el origen de la convocatoria, su difusión y los mecanismos de coordinación empleados.
La jueza pide también imágenes satelitales
El Estado Mayor de la Defensa deberá aportar las imágenes satelitales disponibles correspondientes al periodo comprendido entre las 00:00 horas del 20 de julio y las 23:59 horas del 7 de agosto.
La petición incluye la playa de Fnideq, en Marruecos, colindante con la frontera española, y la zona de la playa de El Trampolín, en Ceuta.
Estas imágenes se incorporarán al conjunto de pruebas audiovisuales que deberán permitir reconstruir cronológicamente los acontecimientos.
Una reconstrucción audiovisual de toda la crisis
La magistrada dispone que, una vez incorporadas al procedimiento todas las grabaciones, fotografías aéreas, vídeos operativos, imágenes de drones, cámaras de vigilancia y demás material audiovisual obtenido durante el periodo investigado, se elabore un informe pericial audiovisual único.
El objetivo será establecer una secuencia cronológica de los hechos, identificar a los participantes y determinar los movimientos e itinerarios seguidos durante la ejecución de la entrada masiva.
La financiación también entra en la investigación
La resolución judicial contempla igualmente una investigación económica.
La UDEF de la Policía Nacional y la UCO de la Guardia Civil deberán elaborar informes financieros y patrimoniales sobre la posible financiación de la movilización investigada.
El análisis deberá prestar atención a movimientos económicos relevantes, posibles sistemas informales de transferencia de fondos, sistemas hawala, contratación de transportes colectivos y cualquier otra operación relacionada con la logística necesaria para una movilización de estas dimensiones.
Los fallecimientos, otra de las claves
La investigación judicial también pretende esclarecer las circunstancias de los fallecimientos producidos durante los acontecimientos.
Tardón solicita informes periciales destinados a determinar las causas de las muertes y analizar la posible intervención de terceras personas.
Según recoge el auto, la gravedad de los hechos, la magnitud de la movilización y el número de fallecimientos asociados a los acontecimientos justifican, a juicio de la magistrada, las diligencias acordadas.
Comparación con las crisis de 2021 y 2024
La investigación no se limitará exclusivamente a julio de 2026.
La magistrada quiere conocer también las similitudes y diferencias entre la entrada masiva de este año y las registradas en 2021 y 2024, así como las alertas y comunicaciones recibidas por los distintos responsables durante los días anteriores y posteriores a los acontecimientos.
La petición alcanza a responsables policiales y de la Guardia Civil, así como a otros responsables institucionales, y busca determinar qué información existía, cuándo fue recibida y quién tuvo conocimiento de ella.
También se han solicitado datos relacionados con las personas que abandonaron Ceuta con destino a la Península después de la entrada masiva, incluyendo información sobre embarcaciones y posibles lugares utilizados para ocultarse.
Una investigación que amplía considerablemente su alcance
Las primeras citaciones de Juan Vivas, Gonzalo Sanz y Sebastián Vega se producen en el marco de una investigación que abarca ya diferentes ámbitos: la actuación de los cuerpos policiales, la cadena de mando, las alertas previas, la actividad en redes sociales, la posible organización de la movilización, su financiación, los desplazamientos posteriores y las circunstancias de los fallecimientos.
La propia magistrada señala que las diligencias acordadas persiguen acreditar extremos concretos de la investigación.
La causa entra así en una nueva fase, con una batería de informes, declaraciones y análisis técnicos destinados a reconstruir qué ocurrió en la frontera de Ceuta durante los días críticos de finales de julio y determinar las responsabilidades que, en su caso, pudieran derivarse de los hechos investigados.
