La muerte de Noelia Castillo, la joven de 25 años que recibió la eutanasia en Cataluña tras casi dos años de litigios judiciales, vuelve a poner en primer plano el debate sobre la aplicación de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia. Un mes luego del fallecimiento de su hija, Yolanda Ramos compartió un vídeo en redes sociales donde insta a modificar la norma, dirigiendo su solicitud al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.
En su mensaje, Ramos afirma que su hija “no padecía ninguna enfermedad terminal” y revela que presentaba trastornos de salud mental, como trastorno límite de la personalidad y trastorno obsesivo compulsivo. La madre considera que Noelia no recibió el tratamiento médico y sociosanitario necesario antes de acceder al derecho a la ayuda para morir.
Esta petición surge tras un caso que causó gran repercusión social y jurídica. Noelia Castillo falleció el 26 de marzo de 2026 en un centro sociosanitario de Sant Pere de Ribes, en Barcelona, luego de que distintas instancias judiciales avalaran su petición frente a los recursos interpuestos por su padre. Según RTVE, el proceso incluyó decisiones del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el Tribunal Supremo y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
La madre pide la derogación de la ley
Yolanda Ramos reclama que la ley “desaparezca” y expresa que no desea que se repitan situaciones como la de su hija. En el vídeo manifiesta su desacuerdo con que personas con trastornos mentales puedan acceder a la eutanasia y lamenta que, al ser Noelia mayor de edad, la familia no tuviera participación en su historial médico ni en su decisión.
Además, anuncia su intención de crear una fundación bajo el nombre de Noelia para apoyar a quienes enfrentan problemas de salud mental. Esta postura representa un cambio respecto a comentarios previos en los que afirmaba respetar la voluntad de su hija aunque no compartiera su decisión.
No obstante, las autoridades competentes respaldaron el caso tras diversos informes médicos y judiciales. De acuerdo con Maldita.es, que accedió a las resoluciones, la sentencia señala que Noelia no recibió la eutanasia “por depresión”, sino que presentaba una lesión medular lumbar incurable y no rehabilitable, catalogada como crónica, permanente e irreversible, acompañada de un sufrimiento físico y psicológico constante.
Requisitos de la ley española
La Ley Orgánica 3/2021 no limita la eutanasia exclusivamente a enfermedades terminales. Regula esta prestación para personas con enfermedad grave e incurable o con padecimiento grave, crónico e incapacitante, siempre que sufran un dolor físico o psíquico intolerable y se cumplan las garantías establecidas.
El Ministerio de Sanidad indica que la persona solicitante debe ser mayor de edad, estar en pleno uso de sus facultades y consciente en el momento de la petición, presentar dos solicitudes voluntarias por escrito con un intervalo mínimo de quince días naturales, recibir información adecuada sobre su proceso médico y ser evaluada por profesionales sanitarios y la Comisión de Garantía y Evaluación correspondiente.
En el caso de Noelia, las decisiones judiciales consultadas por Maldita.es señalaron que los especialistas que la valoraron determinaron que sus trastornos no comprometerían su capacidad de raciocinio ni de decisión. Además, la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña emitió por unanimidad un informe favorable en julio de 2024.
Iniciativas políticas en Cataluña
La difusión del vídeo coincide con una nueva propuesta política en Cataluña. El Parlament aprobó recientemente remitir al Congreso una propuesta para reformar la ley de eutanasia y la jurisdicción contencioso-administrativa, con el fin de reducir los plazos judiciales en estos procesos. La iniciativa fue impulsada por PSC, Junts, ERC, Comuns y la CUP, con apoyo también de Aliança Catalana, mientras que PPC y Vox votaron en contra.
El texto plantea que los recursos presentados contra un dictamen emitido por una comisión que avale la eutanasia sean resueltos por el Tribunal Superior de Justicia de cada comunidad autónoma en un máximo de tres días, con un procedimiento abreviado e improrrogable. Esta iniciativa se plantea tras el caso de Noelia, cuya prestación se demoró cerca de dos años debido a litigios judiciales.
El caso Castillo mantiene abiertas dos líneas de debate: la defensa del derecho de una persona adulta a decidir sobre su vida en los supuestos previstos legalmente, y la preocupación de algunos familiares y sectores críticos respecto a las garantías cuando se presentan antecedentes de enfermedad mental. La controversia continuará tanto en el ámbito político como judicial, mientras la familia de Noelia demanda modificaciones profundas en la normativa.
