La Mesa del Congreso ha revocado las acreditaciones de prensa de Vito Quiles y Bertrand Ndongo tras acumular múltiples denuncias por falta de decoro y por utilizar espacios oficiales sin autorización.
Cuerpo de la noticia
El órgano rector de la Cámara Baja en la Carrera de San Jerónimo ha adoptado una decisión firme tras revisar los informes técnicos proporcionados por los letrados de las Cortes. Se ha aprobado la suspensión cautelar indefinida de las acreditaciones de prensa a Vito Quiles y a su colaborador Bertrand Ndongo. Esta medida responde a un historial prolongado de incidentes que, según los servicios parlamentarios, han generado un «deterioro inaceptable en la convivencia institucional» dentro de la sede legislativa.
La sanción responde a una serie de conductas que han tensado el ambiente cotidiano del Congreso. El incidente decisivo ocurrió durante la intervención de la portavoz adjunta de Sumar, Aina Vidal, cuando Quiles interrumpió su comparecencia con gritos. Esta situación provocó que los periodistas acreditados presentes abandonaran la sala en señal de protesta por lo que consideraron un acoso inaceptable a su labor profesional.
Uso irregular de despachos de diputados
Además de las interrupciones en las salas de prensa, la expulsión se fundamenta en un informe del grupo parlamentario socialista que pone de manifiesto graves vulneraciones de seguridad. Según esta denuncia, Quiles accedió sin permiso al despacho privado de la diputada del Partido Popular, Alma Alfonso, y lo empleó como un plató improvisado para grabar un vídeo de carácter político dirigido contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. Este uso inadecuado de espacios reservados, sumado a grabaciones frecuentes en los pasillos sin autorización, fue fundamental para adoptar con urgencia la vía cautelar.
Ruptura del consenso político
La resolución puso en evidencia una división marcada en la Mesa del Congreso. Los partidos del bloque de Gobierno (PSOE y Sumar) utilizaron su mayoría para aprobar la expulsión, en respuesta a las demandas de decoro institucional y al descontento manifestado por asociaciones de periodistas parlamentarios. En cambio, los representantes del Partido Popular optaron por no participar en la votación, considerando esta medida como un acto de «censura» y posicionándose en contra del criterio mayoritario del sector periodístico.
Los afectados cuentan ahora con un período reglamentario para presentar alegaciones y recurrir la decisión. Sin embargo, fuentes jurídicas del Parlamento señalan que los informes de la Secretaría General son técnicamente sólidos, estableciendo un precedente significativo en la regulación de conductas conflictivas disfrazadas de actividad informativa dentro de las instituciones estatales.
