La resistencia del Gobierno a señalar a Rabat por la crisis de Ceuta abre brecha en la mayoría parlamentaria, donde Podemos y PNV no descartan que el régimen alauí disponga de información sensible obtenida con el sistema Pegasus.
La cautela del Gobierno de España al atribuir responsabilidad a Marruecos por la llegada masiva de casi 80.000 inmigrantes irregulares a Ceuta ha comenzado a generar dudas dentro de su propio bloque parlamentario. Algunos aliados del Ejecutivo estiman que la negativa del presidente Pedro Sánchez a responsabilizar al país vecino puede deberse a una razón antes no considerada y que ahora no descartan: que el régimen alauí tenga capacidad para «chantajear» al Gobierno con información delicada obtenida en 2022 por medio del sistema Pegasus en los teléfonos móviles de varios miembros, entre ellos el del presidente.
La idea del espionaje a través de este software había estado principalmente vinculada al Partido Popular y a Vox, además de otros grupos conservadores como Junts, que en las últimas semanas ha cuestionado directamente a los ministros «por dónde los controla Marruecos». No obstante, la persistente falta de claridad de Moncloa sobre la relación bilateral y la ausencia de una explicación clara acerca de su prudencia —incluso tras la aparición de documentos desclasificados que indican cierta inacción de las autoridades marroquíes durante los hechos en Ceuta— han hecho que esta hipótesis gane relevancia en la política nacional con nuevos actores involucrados.
Creciente malestar y declaraciones de los aliados parlamentarios
Las declaraciones de grupos que apoyan al Ejecutivo en el Congreso han evidenciado esta división. Este lunes, la candidata de Podemos a las elecciones generales, Irene Montero, afirmó que no tiene certeza absoluta de que Marruecos posea datos comprometedores sobre miembros del Gobierno, aunque aseguró que «parece bastante claro que existe alguna situación» y que el régimen alauí cuenta con un «poder» concedido por el propio Gobierno. De forma similar se expresó la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, quien en la intervención de Sánchez en el Congreso cuestionó «qué le debe al régimen marroquí» y señaló que Rabat «tiene demasiada información sobre el presidente». Fuentes internas de Podemos aseguran en privado que ambas dirigentes plantean «una idea lógica», insistiendo en que la falta de señalamiento hacia Marruecos se debe a que «lo están protegiendo».
Este domingo, el presidente del PNV, Aitor Esteban, añadió que «Marruecos podría poseer algo desconocido que incrementa la presión sobre el Gobierno español» y que, por tanto, posiblemente esté «ejercitando chantaje», una hipótesis que «no descarta». Desde el grupo nacionalista matizan que su portavoz en el Congreso, Maribel Vaquero, ha calificado anteriormente la relación con Marruecos como «difícil», aunque Esteban fue más explícito al mencionar directamente la posibilidad del chantaje.
Otras fuerzas parlamentarias consideran la posición del Gobierno desde distintos puntos de vista. Desde Bildu se ha llegado a criticar que Moncloa actúe en favor de Marruecos. En Sumar, coalición con el PSOE, se presiona para que el partido socialista responsabilice al régimen marroquí por la entrada en Ceuta, aunque evitan especular sobre el posible chantaje. Finalmente, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, calificó al Ejecutivo de «pusilánime» y aportó dos posibles razones para no culpar a Rabat: una teoría conspirativa relativa a la posesión de información comprometedora y otra basada en evitar un conflicto imposible de ganar.
La respuesta de Moncloa y la estrategia en Ferraz
El Palacio de la Moncloa y la sede del PSOE en Ferraz han tratado de frenar cualquier especulación sobre la gestión con Marruecos. En la primera reunión del comité ejecutivo del PSOE tras la crisis en Ceuta, el enfoque estuvo en resolver la situación sin abrir debates sobre responsabilidades políticas o señalar responsables.
Institucionalmente, Pedro Sánchez negó con firmeza en una entrevista concedida a La Sexta que esté siendo objeto de chantaje por Marruecos y calificó de «mentira» la idea de que Rabat tenga datos comprometidos sacados con Pegasus. Aunque evitó confrontar directamente con los líderes de los partidos aliados, otros miembros del Gobierno y del PSOE respondieron con mayor dureza. El ministro Óscar López mostró su «decepción» hacia Aitor Esteban y consideró inaceptable que se difunda lo que calificó de «teoría conspirativa». Paralelamente, el líder del PSOE en Euskadi, Eneko Andueza, ubicó el discurso del PNV dentro del ámbito de la derecha y la ultraderecha, criticando que Esteban opine sobre política nacional.
Fuentes del PSOE minimizan la relevancia del tono más duro de sus socios y lo atribuyen al contexto electoral, indicando que criticar a Marruecos «no conlleva costo» y permite marcar distancias en un tema delicado. No obstante, en la dirección del partido y Gobierno preocupa que una sospecha inicialmente exclusiva de la oposición empiece a calar en los grupos que sostienen la legislatura.
