Si se habla de posibles ilegalidades, el siguiente paso no puede ser otra rueda de prensa. Debe ser la Comisaría de Policía Nacional o la Fiscalía.
La oposición en Ceuta parece haber encontrado una fórmula que se repite una y otra vez: denunciar públicamente supuestas irregularidades, exigir explicaciones al Gobierno de Juan Vivas y anunciar actuaciones que, en demasiadas ocasiones, terminan quedándose en el terreno político y mediático.
La última ha sido la denuncia del PSOE sobre las contrataciones en el área de Festejos. Antes fue Ceuta Ya quien puso bajo sospecha los procesos selectivos en Obimasa. A ello se suman las reiteradas denuncias del MDyC sobre los reconocimientos extrajudiciales de crédito en Acemsa, una cuestión que la formación viene señalando desde hace años.
Todos los partidos de la oposición tienen el derecho y la obligación de controlar la acción del Gobierno. Esa es la esencia de cualquier democracia. Lo que no resulta comprensible es que, cuando se habla de posibles ilegalidades, el recorrido termine casi siempre en una rueda de prensa, un comunicado o una comisión de investigación.
Porque, si realmente se considera que existen indicios de una actuación ilegal, el camino no pasa por el salón de plenos.
Pasa por la Comisaría de Policía Nacional.
Pasa por la Fiscalía.
Y, finalmente, por los juzgados.
Es allí donde se investigan los hechos. Es allí donde se practican diligencias, se analizan pruebas y se depuran responsabilidades. No en los titulares, no en las redes sociales y no en los debates políticos.
Las comisiones de investigación pueden tener utilidad para depurar responsabilidades políticas, pero nunca pueden sustituir la actuación de la Justicia cuando se insinúa la posible comisión de un delito. Son dos ámbitos completamente distintos que no deberían confundirse.
Los ejemplos son numerosos. El PSOE con las contrataciones en Festejos. Ceuta Ya con las oposiciones en Obimasa. El MDyC con los reconocimientos extrajudiciales en Acemsa. Todos ellos tienen pleno derecho a cuestionar la gestión del Gobierno. Pero si consideran que detrás de esos asuntos puede existir una actuación contraria a la legalidad, lo coherente es poner los hechos inmediatamente en conocimiento de la Policía o de la Fiscalía.
Eso es lo que esperan muchos ciudadanos.
Porque empieza a instalarse una sensación preocupante: la de una oposición que denuncia mucho, anuncia constantemente actuaciones, exige dimisiones y habla de posibles irregularidades, pero que pocas veces da el paso definitivo para que sea la Justicia quien investigue.
Y cuando ese paso nunca llega, la credibilidad también empieza a resentirse.
No son pocos los ceutíes que interpretan esta dinámica como una forma de mantener una presión política permanente sobre el Gobierno, dejando siempre abierta la puerta a la negociación o al desgaste institucional, pero sin asumir la responsabilidad que implica denunciar formalmente unos hechos que se consideran presuntamente delictivos.
Si las acusaciones son tan graves como se trasladan a la opinión pública, deberían terminar inevitablemente en una denuncia formal. Si no lo hacen, es lógico que surjan dudas sobre la verdadera consistencia de algunas de esas afirmaciones.
El PSOE, con su nueva ejecutiva, tiene ahora la oportunidad de demostrar que quiere hacer una oposición distinta. También Ceuta Ya y el MDyC pueden reforzar su credibilidad siendo coherentes entre lo que denuncian públicamente y lo que trasladan a las autoridades competentes.
La oposición está para fiscalizar al Gobierno. Nadie lo discute. Pero fiscalizar también exige responsabilidad.
Cuando un partido político habla de posibles ilegalidades, de presuntas irregularidades o deja entrever la existencia de posibles delitos, ya no basta con comparecer ante los medios de comunicación ni con registrar iniciativas parlamentarias. En ese momento, la obligación moral y política es acudir a la Comisaría de Policía Nacional o a la Fiscalía, para que sean quienes tienen la competencia de investigar los hechos los que determinen si existen responsabilidades.
La Justicia no se administra desde un atril.
La Justicia no se dicta en una rueda de prensa.
La Justicia empieza en una denuncia.
Y esa denuncia se presenta en una Comisaría o en la Fiscalía.
Ceuta necesita una oposición firme, exigente y vigilante, pero, sobre todo, creíble. La credibilidad no se construye acumulando titulares, sino estando dispuesto a sostener ante la Justicia aquello que previamente se ha sostenido ante los micrófonos.
Se acabó el tiempo del amago permanente.
Si hay pruebas, a la Comisaría.
Si hay indicios de delito, a la Fiscalía.
Y si no se está dispuesto a recorrer ese camino, quizá sea porque no todo lo que se denuncia ante los micrófonos resiste el recorrido que exige la Justicia. Esa es la diferencia entre hacer oposición y hacer política de titulares.
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