EDITORIAL
El Comité de Empresa de SERVILIMPCE difundió a primera hora de esta tarde un comunicado en relación con el trabajador señalado por su presunta vinculación con los hechos relacionados con la quema de un vehículo.
En dicho comunicado, el Comité asegura que el trabajador “ha quedado en libertad y sin cargos” y sostiene que “no se ha acreditado responsabilidad penal por estos hechos”. Asimismo, recuerda —algo que este medio comparte plenamente— que toda persona tiene derecho a la presunción de inocencia y que nadie debe ser condenado públicamente antes de que exista una resolución judicial firme.
Hasta ahí, nada que objetar.
El problema surge cuando la versión trasladada públicamente por el Comité de Empresa no coincide con la información que este medio ha podido contrastar con fuentes judiciales.
Según las fuentes consultadas por este medio, el trabajador quedó en libertad con cargos, mientras que el juzgado mantiene abierta la instrucción y continúa investigando los hechos. Por tanto, afirmar que el trabajador quedó “en libertad y sin cargos” no se correspondería con la situación procesal que nos trasladan dichas fuentes.
Y aquí está la cuestión que consideramos necesario poner encima de la mesa.
Una cosa es defender la presunción de inocencia de un trabajador —algo que este medio considera incuestionable— y otra muy distinta es trasladar a la opinión pública una situación judicial que, según nuestras fuentes, no se corresponde con la realidad del procedimiento.
La libertad de una persona no significa necesariamente que un procedimiento judicial haya terminado. Y que no exista una condena firme tampoco significa que una investigación judicial no pueda continuar abierta. Son conceptos jurídicos diferentes y creemos que, precisamente por respeto a la ciudadanía y al propio trabajador, deben explicarse con rigor.
Desde este medio no vamos a condenar a nadie. Tampoco vamos a sustituir a los tribunales. Será la Justicia la que determine, en su caso, las responsabilidades que correspondan.
Pero tampoco vamos a aceptar que la defensa de la presunción de inocencia se utilice como argumento para cuestionar o deslegitimar una información cuando esta ha sido obtenida y contrastada con fuentes judiciales.
Nuestro compromiso es otro: informar.
Informar con prudencia cuando un procedimiento está abierto. Informar dejando claro cuándo hablamos de hechos acreditados y cuándo hablamos de una investigación en curso. Informar respetando escrupulosamente la presunción de inocencia. Y, al mismo tiempo, informar sin aceptar versiones interesadas que puedan generar una imagen distorsionada de una realidad judicial todavía pendiente de esclarecer.
Nos preocupa especialmente que, después de publicar una información basada en fuentes contrastadas, este medio y quienes trabajan en él se conviertan en objetivo de críticas o ataques por parte de trabajadores de la empresa.
Las discrepancias forman parte de la libertad de expresión. Las críticas son legítimas. Pero lo que no vamos a hacer es renunciar a nuestro trabajo periodístico para evitar incomodar a determinadas personas, colectivos o instituciones.
No informamos para condenar. Informamos para contar lo que ocurre.
Y en este caso, consideramos especialmente importante que nuestros lectores conozcan la diferencia entre decir que una persona ha quedado “en libertad y sin cargos” y decir que ha quedado en libertad mientras el procedimiento judicial continúa abierto y bajo investigación.
También queremos dejar claro que este medio confía plenamente en la Justicia y respeta la presunción de inocencia del trabajador. No existe por nuestra parte ninguna intención de anticipar una condena ni de atribuir responsabilidades que únicamente corresponden determinar a los tribunales.
Pero defender la presunción de inocencia no obliga a mirar hacia otro lado ante una investigación judicial en curso.
Nuestro único compromiso es con la información veraz, contrastada y rigurosa.
Y seguiremos ejerciéndolo.
Porque informar no es condenar.
Informar es contar los hechos.
