Una resolución del Tribunal Supremo que impide la aplicación automática de las llamadas devoluciones en caliente a quienes son interceptados en el mar al intentar llegar a nado a Ceuta o Melilla ha generado un intenso debate respecto a la masiva entrada de personas en la ciudad autónoma. El Ejecutivo y fuentes de la Guardia Civil sostienen que grupos delictivos difundieron el contenido de la sentencia para fomentar estas entradas, aunque no se ha comprobado la relación directa entre el fallo judicial y la llegada masiva.
La decisión fue conocida el 8 de julio de 2026. La Sala de lo Contencioso-Administrativo estableció que el régimen especial de rechazo en frontera para Ceuta y Melilla no puede aplicarse automáticamente a las personas que son interceptadas en alta mar cuando intentan alcanzar la costa nadando.
El fallo no legaliza las entradas irregulares ni impide que los migrantes sean retornados mediante los procedimientos legales vigentes. Lo que determina es que la devolución inmediata, sin un expediente individual, sólo es procedente cuando el migrante intenta superar barreras físicas fronterizas, como las vallas. Elementos como el mar, las cámaras, drones u otros sistemas de vigilancia no constituyen por sí solos un obstáculo físico para aplicar dicho rechazo.
El origen del caso se sitúa en la interceptación de un ciudadano argelino en alta mar el 14 de noviembre de 2024, cuando intentaba llegar a Ceuta nadando junto a dos personas más. Esta persona fue devuelta a Marruecos sin iniciar un procedimiento formal, sin asistencia legal y sin poder solicitar protección internacional.
El Supremo ratificó que esta actuación no estaba amparada por la disposición especial de la Ley de Extranjería para las fronteras de Ceuta y Melilla, aunque abrió la puerta a que el Estado pudiera instalar barreras físicas marítimas que permitan el rechazo inmediato a quienes las intenten superar.
Varias semanas después de la publicación de la sentencia, miles de personas procedentes de Marruecos ingresaron en Ceuta por tierra y mar. Algunos grupos bordearon el espigón del Tarajal, otros llegaron nadando o usando flotadores, y cientos atravesaron distintas puertas y zonas del perímetro terrestre.
Televisión Española estimó que entre 2.000 y 3.000 personas entraron durante la jornada del jueves 30 de julio, cifra que el Ministerio del Interior aún no había confirmado oficialmente. Antes de esta entrada masiva, las autoridades ceutíes calculaban que entre 1.500 y 2.000 migrantes accedieron a la ciudad en los diez días previos.
Fuentes de la Guardia Civil señalaron que las entradas se habían incrementado de forma progresiva desde la sentencia. Un portavoz explicó a Reuters que, tras días con llegadas continuas, el jueves la situación alcanzó un punto crítico.
El Gobierno atribuye este supuesto efecto llamada a la difusión interesada del fallo por parte de mafias y organizaciones criminales, que habrían propagado en redes sociales la idea de que quienes lleguen por mar no podrían ser devueltos a Marruecos.
No obstante, esta interpretación no ha sido validada de manera independiente. Activistas marroquíes consultados por Associated Press expresaron dudas sobre que la mayoría de las personas movilizadas conocieran una sentencia técnica española. Tampoco se ha concluido que la sentencia sea la única causa de las llegadas, que también podrían estar influidas por rumores sobre una posible apertura de la frontera, redes de tráfico y la actuación de las autoridades marroquíes.
Ante la saturación de recursos, el Gobierno ha ordenado el despliegue de 60 militares y 200 agentes especializados desde la península. Estas unidades del Ejército apoyan a la Guardia Civil y refuerzan la seguridad, sin sustituirla en el control fronterizo.
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, solicitó que la situación se considere una emergencia nacional y pidió un mando único para coordinar la respuesta. El Ministerio del Interior rechazó esta petición argumentando que la normativa estatal de protección civil no contempla los flujos migratorios como un riesgo que permita activar tal mecanismo.
El balance provisional de esa jornada sumó 18 personas fallecidas, la mayoría intentando entrar por mar. Los cuerpos están en proceso de identificación y no se ha ofrecido una cifra definitiva sobre entradas, desaparecidos o rescates.
Las autoridades españolas aseguran que Marruecos mantiene una cooperación “leal y permanente”. Ambos países acordaron revisar los procedimientos para devolver lo más prontamente posible a quienes entraron irregularmente, siempre dentro del marco legal y respetando garantías para menores, solicitantes de asilo y otros colectivos vulnerables.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene previsto visitar Ceuta este viernes 31 de julio acompañado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Visitarán la zona del Tarajal y mantendrán encuentros con responsables de seguridad y autoridades locales para evaluar la situación.
La sentencia del Supremo ha generado un debate sobre las herramientas legales disponibles para controlar las entradas marítimas en Ceuta y Melilla. Sin embargo, presentar dicho fallo como causa comprobada del aumento masivo de llegadas excede lo confirmado hasta ahora; esta relación proviene principalmente de fuentes gubernamentales y policiales, mientras persiste la investigación sobre el origen de esta movilización.
