La Guardia Civil ha presentado un nuevo informe detallado, que supera las 300 páginas, donde afirma que los ingresos de la esposa del presidente del Gobierno están vinculados a su trabajo profesional habitual.
MADRID.— La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha remitido al juez Juan Carlos Peinado un informe exhaustivo en el que señala que no se han detectado movimientos financieros sospechosos, ocultos o irregulares en las cuentas de Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez.
El análisis policial, que abarca 317 páginas, indica que la «información bancaria» revisada se corresponde con las actividades profesionales ordinarias de Gómez. Los agentes explican que no existen pagos inusuales, comisiones ilegales ni pruebas de enriquecimiento ilícito.
Estudio de los ingresos profesionales
En el desglose patrimonial, los investigadores confirman que la mayor parte de los ingresos de Begoña Gómez en los últimos años proviene de su salario como empleada y de sus colaboraciones académicas. El informe detalla, entre otros datos, que entre 2019 y 2022 recibió un total de 196.353 euros de la Fundación Instituto de Empresa por su relación laboral, un punto ya excluido específicamente de la investigación por la Audiencia Provincial de Madrid. Asimismo, se registra que en un periodo de dos años facturó alrededor de 17.000 euros vinculados a la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
En cuanto a la creación de la cátedra extraordinaria que codirigía en la Complutense, la cual originó la causa judicial, la Guardia Civil confirma que su implementación se realizó respetando la normativa vigente establecida por la universidad pública.
Detalles sobre la contratación pública
Aunque descarta categóricamente la existencia de dinero negro o movimientos financieros ocultos, el informe dirigido al Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid señala algunos aspectos técnicos en el ámbito administrativo. Los agentes observan que en ciertos expedientes de contratación relacionados con la cátedra se adoptaron decisiones deliberadas que podrían haberse gestionado al margen de los procedimientos normales estipulados por la normativa interna de contratación.
