Un informe preliminar elaborado por la Guardia Civil indica que la sociedad Masterman no contaba con los recursos necesarios para prestar los servicios de consultoría por los cuales recibió pagos del grupo Quirón en 2021.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha expresado dudas sobre la operatividad de los servicios proporcionados por una de las sociedades de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En un informe preliminar de 32 páginas, fechado el 19 de diciembre de 2025 y conocido recientemente, los agentes subrayan que Masterman SL carecía de los medios materiales y humanos imprescindibles para ofrecer la consultoría por la que fue contratada por el grupo sanitario privado Quirónsalud.
Contexto de la investigación
Este documento forma parte de una de las líneas judiciales abiertas contra González Amador, quien también enfrenta una causa por presunto fraude fiscal. En esta investigación particular, se analiza un potencial soborno de 500.000 euros al alto cargo del grupo Quirón, Fernando Camino.
Según la Fiscalía, este pago podría haber sido una compensación por la intermediación de González Amador en una importante compraventa de mascarillas realizada meses antes, donde también participaron otros individuos vinculados a los ámbitos sanitario y empresarial.
Hallazgos de la UCO
Las pesquisas de la Guardia Civil se enfocan en el funcionamiento y modificaciones societarias de Masterman SL:
- Antecedentes: La compañía, antes llamada CirculoBelleza SL, se dedicaba a la venta de productos de perfumería y cosmética, con una estructura laboral muy reducida.
- Cambio de control: En diciembre de 2020, González Amador asumió la administración única de la empresa tras una compraventa valorada en medio millón de euros, pese a que la facturación anual oscilaba entre 31.000 y 59.000 euros.
- Falta de recursos: El informe afirma que, al momento de la contratación con Quirón, la sociedad no contaba con la capacidad operativa ni el equipo humano suficientes para justificar los servicios de asesoramiento que se le atribuyen.
La UCO enfatiza que el análisis busca determinar si las ganancias provenientes de estas actividades fueron transformadas o encubiertas para ocultar un posible origen ilícito. Actualmente, el juez encargado ha autorizado el seguimiento de las cuentas bancarias vinculadas a la investigación, mientras que el procedimiento continúa en los tribunales de Madrid.
