Un informe dirigido al juez Pedraz revela que los implicados solicitaron mantener informado a «Sabin Etxea» tras confirmarse la ayuda de 112,9 millones de euros otorgada por la SEPI. Además, los investigadores reflejan las gestiones del expresidente del PNV, Andoni Ortúzar, en la operación referente a la siderúrgica Celsa.
MADRID – La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha situado al Partido Nacionalista Vasco (PNV) en el contexto del denominado ‘caso Leire’, una investigación sobre presuntas maniobras para influir en procesos judiciales y la concesión de ayudas públicas. Un informe policial enviado al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, confirma el interés del partido vasco y de su entonces presidente, Andoni Ortúzar, en las operaciones financieras de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) relacionadas con empresas clave como Tubos Reunidos y Celsa.
La Fiscalía Anticorrupción sostiene que el grupo principal de la trama, denominado Hirurok («Nosotros tres» en euskera) e integrado supuestamente por Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso, llevó a cabo acciones encaminadas a obtener un préstamo público de 112,9 millones de euros para Tubos Reunidos, a cambio de comisiones camufladas.
Intervención política y comunicación a «Sabin Etxea»
El informe de la UCO detalla que, en un momento en el que el rescate financiero para Tubos Reunidos estaba estancado, Leire Díez y Vicente Fernández propusieron acudir al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y al empresario Antxon Alonso para acelerar el proceso. Paralelamente, los investigadores indican que el grupo Hirurok actuó como mediador con «algún miembro del Partido Nacionalista Vasco», gestión que podría haber sido determinante para que la ayuda pública millonaria fuese aprobada.
La relación con la dirección del PNV se refuerza, según la Guardia Civil, a través de las comunicaciones internas de la trama. Dos semanas tras confirmarse la aprobación del préstamo, Vicente Fernández envió un mensaje a Antxon Alonso instándole a informar del éxito de las gestiones a «Sabin Etxea», nombre con el que se identifica la sede principal del PNV en Bilbao.
En ese momento, la presidencia del partido correspondía a Andoni Ortúzar. El exdirigente aparece mencionado en el expediente judicial en relación con una llamada telefónica realizada al entonces presidente de Tubos Reunidos, Francisco Irazusta, con el fin de saber «si él podía colaborar en la operación de Celsa con la SEPI», vinculada al rescate de 550 millones de euros concedido al fabricante de acero con sede en Barcelona.
Facturas irregulares y encuentros en Ferraz
Los agentes de la UCO apuntan que la trama recibió una comisión de 114.950 euros por facilitar el rescate de Tubos Reunidos. Aunque los pagos se justificaron oficialmente como servicios de «prospección de mercados» realizados por la compañía Mediaciones Martínez, la Guardia Civil concluye que estas facturas son falsas y que en realidad correspondían al pago por servicios de intermediación política. Además, un correo electrónico intervenido muestra que la intención inicial de Fernández era exigir a la siderúrgica una «contratación continuada» con Servinabar —empresa de Alonso— como forma de agradecimiento, aunque finalmente ese compromiso se orientó hacia otra empresa.
La investigación abarca una segunda etapa de operaciones entre 2024 y 2025, cuyo fin fue conseguir el aplazamiento del pago de intereses de la deuda de la compañía. En este contexto, el sumario incluye una reunión relevante celebrada el 13 de noviembre de 2024 en el despacho de Santos Cerdán en la sede del PSOE en la calle Ferraz, con la participación del dirigente socialista, Leire Díez y dos directivos de Tubos Reunidos; un encuentro registrado con la anotación manuscrita «Reunión Tubos Reunidos» en una libreta azul incautada a la principal investigada.
