Las subvenciones concedidas para autónomos y empresas en Ceuta asignan montos en función del tipo de receptor y no según la cantidad de trabajadores, según alerta la Confederación de Empresarios de Ceuta.
Las subvenciones económicas para las empresas de Ceuta afectadas por la crisis derivada del masivo flujo migratorio han suscitado un debate acerca del método para determinar los importes. La Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE) indica que el sistema no refleja correctamente el impacto real en cada negocio al omitir variables como el número de empleados o los gastos laborales.
El real decreto gubernamental establece ayudas que llegan hasta 5.000 euros para autónomos y hasta 10.000 euros para ciertas sociedades. CECE señala que esta discrepancia implica que negocios con una plantilla mayor puedan recibir menos fondos que otros con menos trabajadores.
La organización empresarial remarca que el criterio principal diferencia entre autónomos y sociedades, sin considerar otros aspectos como la plantilla o la caída en la facturación. Citando un ejemplo, indican un autónomo con seis empleados y sin ingresos en agosto, cuyos costes salariales podrían superar los 8.000 euros junto a la Seguridad Social, pero que tendría un límite máximo de ayuda de 5.000 euros.
CECE demanda que las subvenciones consideren el número de trabajadores, los costes laborales y la reducción del ingreso para reflejar el impacto económico real para cada entidad.
En medio del debate sobre el modelo de estas ayudas, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, informó que desde la apertura del plazo el lunes 14 de septiembre ya se registraron 633 solicitudes de autónomos y empresas en Ceuta.
El Ejecutivo estima que la Agencia Tributaria empezará a hacer los primeros pagos a partir del 6 de octubre. El periodo para presentar solicitudes seguirá abierto hasta el 30 de noviembre, accesible en la web de la Agencia Tributaria.
Igualmente, el decreto contempla bonificaciones del 75% en la cuota empresarial a la Seguridad Social, una medida que, según el ministro, también se extiende a determinados contratos previos al decreto ley de 2023 sobre incentivos a la contratación y mejora de la protección social.
