La reciente huelga general ha generado una significativa división política entre los aliados del Ejecutivo. Diversos partidos ubicados a la izquierda del PSOE, como Sumar, Podemos y ERC, han pedido formalmente la destitución inmediata del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, después de las fuertes cargas policiales y los altercados ocurridos en las manifestaciones.
Desde agrupaciones como Sumar califican como inadmisible la respuesta de los agentes frente a manifestantes pacíficos, subrayando que este tipo de operativos generales deben implicar una responsabilidad política directa. Las denuncias se han intensificado a partir de un balance provisional que indica más de un centenar de detenidos y numerosos disturbios en grandes ciudades como Madrid y Barcelona, donde las tensiones aumentaron al concluir las marchas.
Interior inicia investigación y prohíbe el uso de gas lacrimógeno
Frente a la presión ejercida por sus socios parlamentarios y el impacto de las imágenes de la intervención, el Ministerio del Interior ha actuado. Por un lado, ha ordenado una investigación interna específica —independiente de los controles habituales de la Policía Nacional— para aclarar los hechos. Por otro lado, y con la intención de reducir la tensión, ha establecido una prohibición expresa para no emplear gas lacrimógeno en futuros dispositivos de control de manifestaciones.
A pesar de la solicitud de sus socios en el Gobierno para que abandone su cargo, el equipo central del Ejecutivo ha rechazado por completo la salida de Grande-Marlaska, respaldando su gestión en una jornada considerada compleja, lo que vuelve a poner a prueba la estabilidad de las alianzas parlamentarias del Gobierno.
