El ministro del Interior recuerda que la tutela y atención de los menores son competencia de la Ciudad Autónoma y denuncia retrasos en los triajes, mientras muchos jóvenes continúan sin identificar en Loma Colmenar y otros permanecen en las calles.
El Gobierno de Vivas vuelve a quedar en el centro de las críticas por la respuesta a la crisis migratoria de Ceuta, después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, haya reprochado públicamente a la Administración local su actuación con los menores migrantes llegados durante la entrada masiva. El ministro ha sido contundente al señalar que «la Ciudad no ha hecho los deberes» y ha reclamado que asuma las responsabilidades que le corresponden.
Las declaraciones, recogidas por El Faro este viernes 16 de octubre, ponen el foco en una de las cuestiones más delicadas de la crisis migratoria: la situación de los menores que continúan sin una respuesta administrativa adecuada, algunos de ellos todavía sin filiar en Loma Colmenar y otros que permanecen en las calles.
Marlaska ha recordado que la atención de estos jóvenes corresponde a la Ciudad Autónoma, presidida por Juan Vivas, y ha cuestionado que el Gobierno central haya tenido que intervenir durante un periodo prolongado para atender situaciones que, según ha defendido, no son de su competencia directa.
Marlaska señala directamente al Ejecutivo de Vivas
El ministro ha explicado que, tras los desalojos realizados en el Trampolín, Benítez o El Guano, las administraciones han mantenido comunicaciones para que los menores localizados pudieran quedar bajo la atención de los servicios competentes de la Ciudad.
Sin embargo, según Marlaska, la respuesta no siempre se ha producido con la rapidez necesaria. El titular de Interior ha asegurado que, en algunos casos, el delegado del Gobierno ha tenido que insistir para trasladar a la Administración autonómica la necesidad de hacerse cargo de estos jóvenes.
«Es la Ciudad la que tiene que traernos a los menores para los triajes», ha subrayado.
El reproche cuestiona la capacidad de respuesta del Ejecutivo local ante una situación que exige coordinación, identificación y atención inmediata. La permanencia de menores en espacios públicos, sin que se haya completado su identificación o valoración, mantiene abierta la discusión sobre la eficacia de los mecanismos de actuación puestos en marcha por el Gobierno de Vivas.
Los triajes, otro frente de la crisis migratoria
Marlaska ha insistido en que el Gobierno de España está preparado para realizar los triajes necesarios, pero ha recordado que para llevarlos a cabo es preciso que la Ciudad designe a los representantes legales que deben acompañar a los menores durante el procedimiento.
El ministro ha añadido que el Ejecutivo central ha puesto fondos a disposición de Ceuta para afrontar los gastos derivados de la designación de esos defensores, pese a tratarse de una responsabilidad que atribuye a la Administración autonómica.
La situación plantea interrogantes sobre la organización de los recursos, los tiempos de respuesta y la coordinación entre ambas administraciones. Mientras tanto, los menores afectados han denunciado las condiciones en las que se encuentran y algunos han protagonizado movilizaciones para reclamar sus derechos.
El problema, por tanto, no se limita a una discrepancia institucional entre Madrid y Ceuta. Afecta directamente a jóvenes que necesitan una identificación adecuada, protección legal y una respuesta administrativa que evite que permanezcan sin atención suficiente.
El cambio de postura de Vivas, en el centro del reproche
Las críticas de Marlaska también se han dirigido al cambio de posición que, a su juicio, ha experimentado Juan Vivas respecto a la colaboración con el Gobierno central y a las posibles soluciones legales para afrontar la presión migratoria.
El ministro ha aludido al artículo 35 de la Ley de Extranjería, cuya modificación impulsó el actual Gobierno y que, según ha recordado, contó en su momento con el respaldo del presidente ceutí, pese a la oposición del Partido Popular.
«El presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas, mostró el apoyo a esa reforma, pero ahora ha cambiado de opinión de una forma permanente», ha afirmado Marlaska, quien ha reclamado explicaciones sobre ese cambio de criterio.
Este reproche sitúa al presidente de la Ciudad ante una cuestión política de fondo: la necesidad de aclarar qué medidas considera viables para gestionar la llegada de menores y cuál es su posición actual sobre los mecanismos de coordinación y distribución previstos en la legislación.
La controversia resulta especialmente relevante en un territorio como Ceuta, donde la presión migratoria tiene un impacto directo sobre los servicios de protección y las capacidades de acogida.
Cooperación del Estado y responsabilidades de la Ciudad
Marlaska ha reiterado que el Gobierno central está dispuesto a colaborar y aportar los medios personales y económicos necesarios para garantizar el bienestar de los menores. No obstante, ha insistido en que esa cooperación no debe servir para diluir las responsabilidades que corresponden a cada Administración.
El ministro ha defendido la intervención del Ministerio de Inclusión ante la situación extraordinaria que atraviesa Ceuta, pero ha reclamado que el debate sobre la atención a los menores se dirija también hacia el Gobierno autonómico, al que considera responsable directo de su protección.
Las declaraciones dejan al Ejecutivo de Juan Vivas ante nuevas preguntas sobre la gestión de los menores migrantes: por qué persisten las dificultades para completar los triajes, qué recursos se están movilizando y qué medidas se han adoptado para garantizar que ningún menor quede sin la atención que necesita.
La crisis migratoria ha exigido un esfuerzo extraordinario a las instituciones, pero el reproche del ministro introduce un elemento que el Gobierno local deberá aclarar: la cooperación entre administraciones no elimina la obligación de cada una de cumplir las competencias que tiene asignadas.
