El estancamiento administrativo desde Rabat impide la ejecución de los acuerdos de repatriación, dejando pendientes las peticiones de reclusos deseosos de cumplir sus sentencias en España.
MADRID.— Las autoridades marroquíes han interrumpido la gestión de las solicitudes de traslado de reclusos españoles en cárceles de Marruecos que buscaban cumplir el resto de sus condenas en instituciones penitenciarias en la Península. Esta acción representa la paralización de facto del acuerdo bilateral para la transferencia de condenados en el país vecino.
Esta medida afecta a numerosas personas de nacionalidad española internas en prisiones marroquíes y que cumplían los requisitos para acogerse a dichos convenios bilaterales. La falta de avance genera preocupación en los familiares, quienes denuncian la paralización de las comisiones mixtas y demoras indebidas en los trámites administrativos para efectuar los traslados.
Respuesta a un contexto de tensión diplomática
Informaciones desde fuentes próximas indican que esta suspensión está enmarcada en el delicado momento diplomático entre Madrid y Rabat, tras hechos recientes relacionados con migración y seguridad en Ceuta. La regulación de las fronteras y los procesos de devolución de nacionales han enfriado las relaciones institucionales, afectando directamente los acuerdos de cooperación en materia judicial y penitenciaria.
Hasta ahora, la transferencia de presos requería la homologación de las sentencias por los juzgados españoles y la ratificación final del Ministerio de Justicia marroquí. La cesación de la comunicación entre departamentos ha paralizado la tramitación, obligando a los presos españoles a continuar en las cárceles marroquíes sin certezas temporales para su traslado a España.
Inquietud por las condiciones de reclusión
Organizaciones de apoyo a presos extranjeros y familiares afectados han mostrado su inquietud ante el Ministerio de Asuntos Exteriores, demandando una intervención diplomática urgente con las autoridades marroquíes para desbloquear los traslados penitenciarios.
Estos colectivos advierten que el estancamiento prolonga la exposición a situaciones de vulnerabilidad de ciudadanos españoles en el extranjero y reclaman que los acuerdos humanitarios y judiciales no se vean afectados por los desacuerdos políticos entre ambos gobiernos.
