Antonio Gil pretende convencer a la ciudadanía de que todo lo ocurrido en el proceso selectivo de Obimasa responde a una campaña de descrédito. El problema de ese argumento es que ha quedado sepultado por los hechos.
Y los hechos, en esta ocasión, no los aporta ningún partido político ni ningún aspirante descontento. Los aporta el propio informe oficial encargado por la Ciudad Autónoma para esclarecer lo sucedido.
Ese informe es demoledor.
No deja acreditada la limpieza absoluta del procedimiento, como algunos pretendían hacer creer. Todo lo contrario. Reconoce que no se garantizó plenamente el anonimato de los aspirantes, al aparecer en numerosos exámenes nombres, firmas, DNI y otros datos que permitían identificar a quienes los realizaron. Una circunstancia incompatible con las garantías más elementales que deben presidir cualquier proceso selectivo.
Como si eso no fuera suficiente, el mismo informe concluye que no puede afirmarse con plena certeza que la cadena de custodia del examen reuniera todas las garantías necesarias para excluir cualquier duda razonable sobre su integridad.
Traducido a un lenguaje que cualquier ciudadano entiende: el propio informe reconoce que no puede garantizarse que el procedimiento estuviera blindado frente a cualquier sospecha.
Y eso es gravísimo.
No porque el informe afirme que hubo fraude. No lo hace. Es incluso peor desde el punto de vista institucional: reconoce que el procedimiento careció de garantías suficientes para poder despejar cualquier duda.
En una Administración pública la limpieza de un proceso no puede basarse en un acto de fe. Debe sustentarse sobre procedimientos impecables. Porque cuando se selecciona personal público no basta con ser honrado; hay que demostrarlo mediante reglas objetivas, verificables y transparentes.
Precisamente por eso sorprende leer la defensa cerrada que realiza Antonio Gil.
No es un observador cualquiera. Fue secretario general de UGT Ceuta y durante años desempeñó responsabilidades de representación sindical. Conoce perfectamente que los principios de igualdad, mérito y capacidad no admiten interpretaciones interesadas ni dobles varas de medir. Resulta difícil entender que quien tanto defendió los derechos de los trabajadores considere ahora irrelevantes unas conclusiones que cuestionan garantías esenciales de un proceso de acceso al empleo.
La transparencia no depende del color político de quien gobierna ni de quién resulte beneficiado. Es un principio democrático. Y cuando un informe oficial admite que no existió un anonimato plenamente garantizado y que no puede acreditarse una cadena de custodia libre de toda duda razonable, lo responsable no es atacar a quienes piden explicaciones. Lo responsable es exigir responsabilidades y corregir aquello que nunca debió ocurrir.
Porque el verdadero problema ya no son las sospechas iniciales sobre las calificaciones obtenidas por determinados aspirantes. El verdadero problema es que, tras investigar lo ocurrido, el propio informe reconoce que el procedimiento no estuvo rodeado de todas las garantías exigibles.
Eso destruye cualquier relato triunfalista.
No estamos ante una polémica política. Estamos ante una cuestión de credibilidad institucional.
Quienes hoy intentan desacreditar las críticas deberían dirigir su indignación hacia las conclusiones del informe, no hacia quienes las ponen de manifiesto.
Porque la confianza de los ciudadanos en las instituciones no se protege escondiendo los problemas bajo la alfombra. Se protege reconociéndolos, corrigiéndolos y depurando responsabilidades.
Y una última reflexión.
En democracia, las instituciones no se defienden negando la evidencia. Se defienden diciendo la verdad, por incómoda que resulte.
Hoy esa verdad tiene forma de informe oficial.
Y ese informe desmonta, por sí solo, el relato de quienes todavía pretenden hacernos creer que aquí no pasó absolutamente nada.
