Las comparecencias de las consejeras de Educación, Cultura y Festejos, Pilar Orozco, y de Hacienda, Kissy Chandiramani, lejos de disipar las dudas sobre la gestión económica del Gobierno de la Ciudad, vuelven a situar en el centro del debate la contratación menor, los reconocimientos extrajudiciales de crédito y la falta de respuesta a las reiteradas advertencias del Tribunal de Cuentas.
Las recientes comparecencias públicas de Pilar Orozco y Kissy Chandiramani dejan una sensación inquietante: el Gobierno parece más preocupado por defender su gestión que por responder a las cuestiones de fondo que afectan al uso del dinero público.
La consejera de Cultura afirmó que no existe ningún problema con los contratos menores. Sin embargo, basta con consultar numerosos expedientes administrativos para comprobar que, durante un mismo ejercicio presupuestario, se repiten contratos con un objeto o finalidad similar, adjudicados por importes inferiores al límite legal del contrato menor, cuya suma alcanza e incluso supera ampliamente las cuantías que exigirían acudir a un procedimiento abierto de contratación.
No es únicamente una cuestión de importes. Es una cuestión de planificación, de transparencia y de respeto a los principios que deben regir toda contratación pública. Si una necesidad es previsible y recurrente, resulta difícil justificar que continúe atendiéndose mediante una sucesión de contratos menores.
En este escenario, las responsabilidades políticas son compartidas. La Consejería de Cultura promueve el gasto y formula la necesidad; la Consejería de Hacienda supervisa la ejecución económica y autoriza los pagos. Ambas forman parte del mismo procedimiento administrativo y ambas deben responder ante la ciudadanía cuando surgen dudas sobre la forma en que se gestionan los recursos públicos.
A ello se añade otra práctica que se ha convertido en habitual: los reconocimientos extrajudiciales de crédito. Un mecanismo concebido para situaciones excepcionales que, con el paso de los años, parece haberse integrado con normalidad en la gestión ordinaria del Gobierno. Cuando una herramienta excepcional deja de ser excepcional, el problema ya no reside en el instrumento, sino en la forma de gestionar.
En ningún caso debe ponerse en duda la profesionalidad de los funcionarios que tramitan estos expedientes. Los técnicos cumplen con su labor conforme a la normativa y dentro de las competencias que les corresponden. La responsabilidad política pertenece exclusivamente a quienes dirigen la Administración y toman las decisiones.
Pero existe un elemento que agrava aún más esta situación.
Durante 25 años, la Intervención General de la Ciudad Autónoma ha estado desempeñada de forma accidental, una circunstancia que el Tribunal de Cuentas ha venido señalando reiteradamente en sus informes como una anomalía que debería corregirse. Resulta difícil hablar de fortalecimiento del control interno cuando el máximo órgano encargado de fiscalizar la gestión económica lleva un cuarto de siglo sin cubrirse de forma definitiva.
Tras la jubilación del interventor accidental, el Gobierno decidió nombrarlo director general de Tributos. Sin cuestionar la legalidad de esa decisión, sí cabe plantear una reflexión política: ¿contribuye este tipo de nombramientos a reforzar la percepción de independencia que debe presidir los órganos encargados del control económico de una administración pública?
La confianza de los ciudadanos no se construye con ruedas de prensa ni con declaraciones de tranquilidad. Se construye corrigiendo las deficiencias señaladas por los órganos de fiscalización, reforzando los mecanismos de control y planificando adecuadamente el gasto público para evitar que procedimientos excepcionales se conviertan en la norma.
Lo preocupante no es solo que el Tribunal de Cuentas siga formulando observaciones año tras año. Lo verdaderamente alarmante es la sensación de que esas advertencias ya no provocan cambios profundos, sino que se han asumido como parte del funcionamiento habitual de la Administración.
Cuando una Administración normaliza la reiteración de contratos menores, los reconocimientos extrajudiciales de crédito y mantiene durante décadas sin cubrir de forma definitiva la Intervención General, el debate deja de ser exclusivamente técnico para convertirse en una cuestión de credibilidad institucional.
Gobernar no consiste en defender permanentemente la gestión. Gobernar consiste en hacerlo de manera que los expedientes, los informes de fiscalización y los hechos hablen por sí solos. Mientras eso no ocurra, seguirán existiendo más preguntas que respuestas.
