Los progenitores de Sandra Peña, la adolescente de 14 años que se suicidó en octubre pasado en Sevilla tras un supuesto caso de acoso escolar, han declarado que impugnarán el archivo provisional de la denuncia presentada contra los responsables del centro educativo. La resolución del juez que cerró la causa penal contra el colegio privado concertado Irlandesas Loreto ha dejado a la familia completamente afectada.
Críticas a la resolución judicial y detalles del informe forense
En una entrevista concedida a Canal Sur Televisión, José Manuel Peña y Zara Villar, padres de Sandra, expresaron su gran desconcierto ante la decisión judicial. La madre declaró: «No entendemos la resolución. Nos afecta y duele aún más que, después de 130 días esperando una respuesta, se resuelva en apenas unas líneas», y lamentó que el auto del juez omitiera aspectos fundamentales del caso.
Entre la información excluida, la familia compartió parte del informe de la autopsia, que indica que la joven presentaba cortes y un nivel de alcohol en sangre de 0,59 miligramos. Como el suceso fatal ocurrió poco después de finalizar la jornada escolar, los padres cuestionan si pudo haber consumido alcohol y haberse provocado lesiones dentro del propio centro. Asimismo, critican que el colegio no haya activado ningún protocolo de prevención del suicidio.
El acoso conocido por el profesorado
La defensa de los padres se basa en la investigación paralela que lleva a cabo la Fiscalía de Menores en contra de tres alumnas del centro, presuntamente implicadas en el acoso hacia Sandra. Zara Villar explicó que en dicho trámite judicial ha quedado demostrado mediante testimonios de varios testigos que la menor sufría acoso continuado y que el profesorado estaba al tanto de ello.
La madre añadió que su hija llegó a redactar una extensa carta de despedida de tres páginas durante una clase de Matemáticas. Además, criticó que la dirección del colegio intentara minimizar la gravedad del caso calificándolo de «cosas de niños y peleas entre iguales», cuando en realidad Sandra padecía «una depresión profunda motivada exclusivamente por el acoso escolar».
Los motivos del juez para archivar la causa
El juez instructor, siguiendo el parecer de la Fiscalía, decidió archivar el caso al no considerar probada la comisión de delitos de homicidio por imprudencia o trato degradante por parte del profesorado.
Aunque el auto reconoce la existencia de un ambiente de acoso probablemente originado por las tres compañeras investigadas, descarta un «comportamiento omisivo» del centro. El juez argumenta que el colegio tomó medidas tras reunirse con la familia en septiembre de 2025, tales como separar a las alumnas implicadas y realizar un seguimiento psicopedagógico, y concluye que, pese a no haberse activado el protocolo oficial contra el acoso, no es exigible que los profesores vigilen permanentemente ni fuera del horario o instalaciones escolares.
