El Ministerio de Defensa remitió a la Audiencia Nacional una versión parcial del documento que no incluía que Inteligencia alertó a Moncloa sobre la avalancha ni que Marruecos no intervino pese a conocer los preparativos.
En una acción vinculada a la protección política previas a la campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre, el Ministerio de Defensa entregó este miércoles a la jueza María Tardón, de la Audiencia Nacional, un informe del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) muy reducido respecto a la entrada masiva de inmigrantes ilegales en Ceuta. Según han confirmado fuentes legales, el departamento dirigido por Margarita Robles suprimió del expediente información clasificada que acreditaba que los servicios de inteligencia habían advertido al Gobierno de Pedro Sánchez acerca del riesgo inminente de avalancha horas antes de que ocurriera, además de que las autoridades de Marruecos fueron notificadas de la llegada masiva sin que actuaran para impedirla.
La entrega del documento reducido al Juzgado Central de Instrucción número 3 se efectuó alrededor de las 15:00 horas. El texto omitía los datos más sensibles para el Ejecutivo en funciones y replicaba únicamente la información genérica desclasificada por el Consejo de Ministros en septiembre. Pocas horas después de esta maniobra en la Audiencia Nacional, la dirección del PSOE anunció inesperadamente que Margarita Robles ocuparía el segundo puesto en la lista socialista por la Comunidad de Madrid para el 29-N, acompañando directamente a Pedro Sánchez. Esta decisión sorprendió en círculos políticos, ya que se daba por terminada la continuidad de Robles e incluso se rumoró sobre su posible salida del Gobierno durante el verano pasado tras sus notables desacuerdos con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en relación con la gestión en Ceuta y sus críticas hacia Rabat.
El informe que se excluyó: alertas previas y falta de actuación de Rabat
La magistrada encargada del caso, María Tardón, había solicitado formalmente al CNI identificar a los grupos o instituciones capaces de planear la movilización migratoria hacia Ceuta. La investigación pretendía verificar los vínculos entre los promotores digitales en redes sociales, las estructuras organizativas en el espigón y las instancias superiores, además de requerir análisis biométricos de los supuestos gendarmes marroquíes que facilitaron el paso masivo, según los atestados policiales del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF).
No obstante, la versión aportada por el Ministerio de Defensa estaba despojada de los hallazgos derivados de escuchas, informantes y análisis de campo de los servicios de inteligencia. En el informe original, antes de la reducción ministerial, el CNI sostenía de manera concluyente dos puntos que Moncloa rechazó:
1. Alerta a Moncloa: La Inteligencia española informó con varias horas de anticipación al Ejecutivo de Sánchez sobre la preparación de un cruce masivo en la frontera de Ceuta.
2. Inacción de Marruecos: Las autoridades de Rabat tenían pleno conocimiento de los preparativos para el cruce masivo en el espigón, pero optaron por permitir la desestabilización fronteriza.
Para impedir que estos datos comprometedores se hicieran públicos durante la precampaña, Robles no llevó el informe al Consejo de Ministros para solicitar su desclasificación y elaboró un borrador basado en fuentes abiertas.
El respaldo de Sánchez y la vía para solicitar la desclasificación
Poco después de confirmarse la inclusión de Robles como número dos en la candidatura por Madrid, a solo 44 días de las elecciones, Pedro Sánchez manifestó públicamente su apoyo a la ministra de Defensa. El presidente en funciones destacó la «profunda amistad» que les une tras una década compartiendo «momentos complicados» y valoró como «excelente» su trabajo al frente del ministerio, cerrando así meses de distancia manifiesta.
Sin embargo, la cuestión judicial continúa abierta. Para acceder a la información reservada por el Ministerio de Defensa, la jueza Tardón puede solicitar formalmente su desclasificación ante el Consejo de Ministros. Este procedimiento requiere el análisis y aprobación de Moncloa, lo que retrasará los plazos procesales más allá de las elecciones generales del 29 de noviembre, manteniendo por el momento la versión oficial del Ejecutivo ante la ciudadanía.
