Si el Ejecutivo solicitó a una directora general que se retirara, debería aplicar el mismo criterio a su asesor
El debate suscitado en torno al listado de aprobados de Servilimpce ha aireado varios nombres. Sin embargo, uno de ellos apenas ha sobresalido en la discusión pública: Javier Sánchez París Contreras, quien es asesor del Gabinete de la Presidencia del Gobierno de Ceuta.
Este dato no es trivial. Sánchez París Contreras es apadrinado por el presidente de la Ciudad, Juan Vivas. Además, su padre fue jefe de gabinete del propio Vivas durante varios años. La familia ha mantenido una presencia continua en la estructura política e institucional de Ceuta a lo largo de distintas legislaturas. Estos hechos son conocidos por cualquier ciudadano que siga la vida pública local con atención.
Asimismo, existe una percepción bastante extendida entre muchos habitantes de Ceuta: la familia Sánchez París ha estado estrechamente vinculada a los diferentes gobiernos liderados por Juan Vivas durante casi dos décadas. Se recuerda con frecuencia la incorporación de miembros de dicha familia a la administración pública poco tiempo después de la llegada de Vivas a Ceuta, así como la participación de empresas relacionadas con su entorno en contratos otorgados por la Ciudad Autónoma a lo largo de los años. Más allá de la legalidad de cada proceso, que corresponde evaluar a los órganos competentes, es innegable que esta situación ha originado un debate público respecto a la influencia que ciertas familias mantienen en la vida política e institucional de la ciudad.
Nadie cuestiona el derecho de Sánchez París Contreras a presentarse a un proceso selectivo, respaldado por la ley al igual que cualquier otro ciudadano. No obstante, la cuestión va más allá del aspecto jurídico: se trata de ejemplaridad y percepción institucional. En este sentido, la posición de Sánchez París Contreras resulta difícil de sostener.
El Gobierno de Vivas ha enfatizado en múltiples ocasiones su compromiso con la transparencia y la gestión pública eficiente. De hecho, cuando fue necesario, solicitó a una directora general que se apartara precisamente en aras de esa ejemplaridad. Se presentó como un acto de coherencia institucional. Por tanto, surge una pregunta inevitable: ¿por qué no se aplica el mismo estándar en este caso, cuando el implicado es un asesor del propio gabinete y apadrinado por el presidente?
En una ciudad tan pequeña como Ceuta, donde las redes familiares, empresariales y políticas son ampliamente conocidas, los ciudadanos tienen derecho a exigir que las instituciones mantengan el mismo nivel de exigencia para todos, independientemente de su cercanía al poder. Que ciertos apellidos aparezcan vinculados con la administración, contratos públicos o círculos de influencia política durante años es una realidad que genera incertidumbre y afecta la confianza pública, aunque todas las actuaciones hayan sido formalmente legales.
Actualmente, el Gobierno de Ceuta tiene la oportunidad de demostrar que la ejemplaridad que en su momento exigió no fue un gesto circunstancial sino un principio sincero. Para lograrlo, debería pedir a Javier Sánchez París Contreras que se aparte del proceso, tal como se hizo con la directora general. La falta de esta medida enviaría un mensaje claro a la población: que en esta ciudad existen estándares distintos para quienes están dentro y fuera del círculo cercano al presidente.
Los ceutíes merecen algo más que declaraciones sobre transparencia; merecen ver su aplicación, sin excepciones ni privilegios.
