BARCELONA – La presidenta de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha confirmado ante la Justicia las declaraciones controvertidas que hizo en mayo de 2022 respecto a la comunidad islámica y los inmigrantes, declaraciones que resultaron en una sanción económica impuesta por el Gobierno autonómico. Durante la audiencia, la jueza del juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Girona debe decidir si confirma o cancela esta multa.
Los antecedentes del caso incluyen una multa de 10.000 euros dictada por la Oficina de Igualdad de Trato y No Discriminación de la Generalitat, bajo el mandato de Pere Aragonès (ERC). La investigación comenzó tras la denuncia de un particular y concluyó que las palabras de Orriols constituían una infracción grave por discriminación hacia un colectivo. Tras agotar los recursos administrativos, la actual alcaldesa de Ripoll y diputada en el Parlament llevó el asunto a los tribunales.
En su última intervención durante el juicio, Orriols reafirmó sus afirmaciones: «Mantengo las declaraciones que hice en ese programa porque considero que reflejan la realidad».
Declaraciones cuestionadas
El expediente sancionador recoge varias intervenciones realizadas por Orriols en el programa OpinaCat emitido por la desaparecida cadena privada 8tv, donde ejercía como concejal de la oposición en Ripoll antes de su elección en 2023. Entre las afirmaciones confirmadas en el ámbito judicial destacan:
- Impacto social: Afirmó que en una Cataluña dominada por la religión islámica existirían prácticas como violaciones grupales, mutilaciones genitales y matrimonios forzados.
- Conflicto de valores: Consideró que la llegada masiva de inmigrantes es un error con consecuencias gravosas, ya que defendió que los musulmanes siguen una legislación religiosa, la sharía, que no es compatible con los valores occidentales.
- Divergencia cultural: Declaró que la comunidad islámica no acepta las leyes civiles ni las democracias europeas y advirtió que podría imponer posturas misóginas y homófobas a la sociedad.
- Crítica a la inmigración: Describió a los inmigrantes, tanto extranjeros como del resto de España, como conquistadores y colonizadores, responsabilizándoles de saturar los servicios sociales y poner en riesgo la identidad catalana.
La resolución del juzgado en Girona sentará un precedente sobre los límites de la normativa catalana en materia de igualdad de trato en contraste con la defensa esgrimida por la política.
